La Gobernación del Atlántico puso en marcha una estrategia integral para combatir el juego ilegal, con foco en el chance clandestino, al considerar que esta actividad impacta directamente en los recursos destinados al sistema de salud.

La iniciativa se formalizó durante la instalación del primer Comité Departamental contra el Juego Ilegal de 2026, un espacio orientado a reforzar operativos, acelerar procesos judiciales y desarticular redes de apuestas ilegales que operan en distintos municipios.

Del encuentro participaron autoridades de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Policía del Atlántico, la Sijín, la Fiscalía General de la Nación, así como la Secretaría del Interior, Edusuerte y la empresa Servicios de Occidente, concesionaria del monopolio de juegos de azar en el departamento.

Durante la jornada se identificaron como focos críticos de operación ilegal a Barranquilla, Soledad, Malambo, Baranoa y Sabanalarga. En estas localidades se concentrarán las acciones operativas y judiciales en los próximos meses.

Impacto directo en el sistema de salud

Las autoridades alertaron que el avance del juego ilegal representa una amenaza directa para la financiación del sistema sanitario, especialmente para los sectores más vulnerables.

Armando de la Hoz, asesor del despacho del gobernador, destacó que la articulación institucional permitirá obtener resultados más contundentes en la persecución de este delito. Subrayó que cada apuesta fuera del marco legal implica recursos que dejan de destinarse a la salud pública.

En la misma línea, el gerente de Edusuerte, Carlos Martínez, explicó que los ingresos derivados del monopolio de juegos de azar son fundamentales para sostener la cobertura sanitaria. Según precisó, cerca de 1,6 millones de personas dependen del régimen subsidiado en el Atlántico, y en 2025 este sector aportó alrededor de 15.000 millones de pesos para su financiamiento.

Alerta por procesos judiciales en riesgo

Uno de los puntos críticos abordados en el comité fue la situación de los casos judiciales vinculados al juego ilegal. Las autoridades advirtieron que aproximadamente 3.000 procesos podrían prescribir si no se agilizan las investigaciones.

Ante este escenario, se acordó elevar un pedido formal a la Fiscalía General de la Nación para reforzar los equipos encargados de estos expedientes y evitar que los responsables queden impunes.

Un delito que alimenta otras economías ilegales

Además del impacto fiscal, las autoridades remarcaron que el juego ilegal funciona como una fuente de financiamiento para otras actividades criminales, lo que refuerza la necesidad de una respuesta coordinada y sostenida en todo el territorio.