La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Valenciana dio un nuevo paso en la regulación de los juegos de azar tras reunir a la Comisión del Juego para avanzar en la aprobación del decreto de planificación del sector.

El encuentro, encabezado por el consejero José Antonio Rovira, permitió revisar las alegaciones incorporadas al texto normativo luego del periodo de información pública. La iniciativa continuará ahora su tramitación con el envío a la Abogacía de la Generalitat y al Consejo Jurídico Consultivo.

El decreto busca establecer un marco más estricto para el desarrollo de la industria del juego en los próximos años, regulando tanto la implantación de nuevos establecimientos como la operación de máquinas recreativas. El objetivo es equilibrar la actividad económica con la protección de la salud pública y la prevención de conductas adictivas.

Según explicó la directora general de Tributos y Juego, Inmaculada Domínguez, la normativa responde a la necesidad de ordenar un sector con una presencia superior a la media estatal en varios subsegmentos. En este sentido, se mantendrán medidas clave como la distancia mínima de 850 metros entre salones de juego y centros educativos, así como las restricciones a nuevas autorizaciones de máquinas con premio en locales de hostelería.

En paralelo, la Comisión aprobó la Memoria del sector correspondiente a 2024, que refleja el peso económico de los juegos de azar en la región. Durante ese año, el volumen total jugado superó los 4.636 millones de euros, con predominio del juego privado presencial, seguido por las operaciones de SELAE y la ONCE.

El informe también destaca un aumento en las tareas de control y fiscalización, con más de 89.000 inspecciones realizadas, lo que supone un crecimiento cercano al 19 % respecto al año anterior. Además, se registraron más de 200 infracciones y sanciones que alcanzaron el millón de euros.

Con este nuevo decreto, la Comunidad Valenciana busca consolidar un modelo de regulación más riguroso, apoyado en la digitalización, la transparencia y un mayor control sobre la actividad del juego, en un contexto de creciente preocupación por el impacto social de la ludopatía.