En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el presidente de Conajzar, Carlos Liseras, recordó que el decreto reglamentario firmado por el Ejecutivo el 27 de diciembre establece que todos los municipios del país deberán adecuar sus ordenanzas a la Ley. Desde esa fecha fueron notificados los 263 municipios del país sobre la reglamentación vigente y entregó copia de un proyecto de ordenanza, que deberá ser analizado por las juntas municipales.

“Estamos llevando un trabajo importante, lo que dificulta es que las juntas municipales estaban de ferias, pero entiendo que esta semana se están reincorporando de vuelta y me imagino que comenzarán a trabajar en el tema”, dijo Liseras, refiriendo que el municipio de Fernando de la Mora fue el único distrito que ya contaba con dicha ordenanza vigente.

Los municipios de Asunción, Luque, Limpio y San Antonio están comenzando a analizar el proyecto, puntualizó el titular de Conajzar y refirió que se reunió recientemente con César Torres, gobernador de Alto Paraná, a quien pidió ayuda para conversar con todos los intendentes de su departamento; lo mismo están haciendo con Itapúa y otras gobernaciones.

Inicio de las operaciones

Respecto al operativo del viernes explicó a La Nación que fue en seguimiento a la política que el Estado paraguayo lleva adelante desde diciembre último, con el rescate de los menores de edad que vivían en condición de vulnerabilidad. Indicó que la Conajzar realizó el procedimiento en coordinación con la Municipalidad de Asunción y el Grupo Lince de la Policía Nacional, destacando que no hubo resistencia a la incautación.

Liseras lamentó que, si bien no pudieron llegar a todos los puntos objetivos, porque hubo dos o tres lugares que se avisaron y escondieron rápidamente las máquinas. No obstante, advirtió que seguirán realizando los operativos de incautación de manera sorpresiva, para evitar que se avisen entre ellos. “Este es el inicio de las operaciones que se realizarán en los 17 departamentos del país”, acotó.

Indicó que ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, a fin de abrir una investigación sobre los juegos clandestinos, porque en el artículo 17 de la Ley 4.716 se establece que aquellos lugares que no se adecuan y no cuenten con autorización de la entidad competente son hechos punibles que deben ser investigados.

“En ningún caso, aquellas máquinas que están en la intemperie a lo largo y ancho del país, o están en una despensa, kiosko, peluquería, ferreterías, canchas deportivas, plazas, parques; en fin, en cualquier lugar que esté a la vista de todos, eso es un juego irregular y es un hecho punible”, enfatizó acerca de la medida de protección a los menores de edad ante la influencia de las tragamonedas.