La Junta de Protección Social (JPS) realizó este miércoles un llamado formal a la Asamblea Legislativa para que priorice y dictamine el Proyecto de Ley N.º 25.057, una propuesta que busca actualizar el marco jurídico que regula la comercialización de juegos de azar en Costa Rica, vigente desde hace más de cinco décadas. Según la institución, esta reforma es urgente para cerrar los vacíos legales que permiten la proliferación de actividades no autorizadas y el fortalecimiento de un mercado informal asociado a presuntas estructuras criminales.

La iniciativa legislativa, presentada por la JPS en junio con el respaldo de más de diez diputaciones, pretende modernizar la normativa actual mediante la inclusión de plataformas digitales y la incorporación del título habilitante como requisito obligatorio para operadores regulados. Con ello, se busca establecer mecanismos claros de control estatal y ordenar un sector que, afirma la institución, opera en condiciones desiguales frente al marco regulado.

La JPS advirtió que el país enfrenta una situación crítica debido a la expansión del mercado informal, donde se comercializan loterías y otros juegos de azar sin autorización. Estas prácticas no solo vulneran la Ley 8718, sino que también representan una amenaza directa para los programas sociales que dependen de los recursos generados por la comercialización oficial.

El Proyecto de Ley N.º 25.057, actualmente en estudio en la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, se centra en dos componentes fundamentales:

Regulación de plataformas digitales: La propuesta incorpora aplicaciones móviles, sistemas electrónicos y plataformas en línea dentro del marco legal, con el fin de cerrar brechas normativas frente al crecimiento de los juegos digitales no autorizados.

Creación del título habilitante: La iniciativa establece esta figura como un requisito indispensable para legitimar a los operadores regulados, fortaleciendo la supervisión estatal y garantizando el cumplimiento normativo.

La Junta de Protección Social reiteró su solicitud a los legisladores para que prioricen la discusión y votación del proyecto. De acuerdo con la institución, contar con una legislación actualizada permitirá reforzar los controles del Estado, prevenir actividades delictivas y proteger el marco legal que sostiene la comercialización oficial de juegos de azar en Costa Rica.