Una comisión legislativa costarricense rechazó un proyecto de ley destinado a fortalecer las facultades de la Junta de Protección Social (JPS) y regular las actividades de lotería y juegos de azar ilegales en el país.

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa votó en contra del Proyecto de Ley N.º 23.057 con cinco votos en contra y tres a favor. En consecuencia, la propuesta pasará ahora al Plenario Legislativo con un dictamen negativo de mayoría, donde los diputados decidirán si avanzar con el debate o archivarla.

La iniciativa pretendía modernizar el marco normativo de Costa Rica para las loterías, los juegos de azar y las apuestas deportivas, al tiempo que ampliaba la potestad exclusiva de la JPS sobre estas actividades. Sus defensores argumentaron que la reforma era necesaria para combatir la proliferación de operadores ilegales que no pagan impuestos, operan sin supervisión estatal y no contribuyen a los programas sociales financiados por la JPS.

Los diputados Gilberth Jiménez, Pilar Cisneros y Horacio Alvarado votaron a favor de la propuesta. La oposición provino de los legisladores Gloria Navas, Priscilla Vindas, Alejandra Larios y Gilberto Campos. El copatrocinador del proyecto, Fabricio Alvarado, estuvo ausente durante la votación.

Pese al rechazo de la comisión, el proyecto de ley no se descarta automáticamente. Bajo el procedimiento legislativo, el Plenario aún puede reactivar la propuesta mediante mociones y debate parlamentario.

Si el proyecto de ley fracasa finalmente, el marco regulatorio actual de Costa Rica se mantendrá vigente. Las autoridades y legisladores que respaldan la reforma han advertido que esto permitiría que las ventas de lotería clandestina, las plataformas de apuestas ilegales y las redes de juegos de azar no reguladas continúen operando sin salvaguardas para el consumidor, controles de verificación de edad o estándares de juego responsable.

Durante el proceso de consulta legislativa, tanto el Ministerio de Seguridad Pública como el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones habían expresado su apoyo a la propuesta.

Tras la votación, la Junta de Protección Social reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el bienestar social, destacando que los ingresos por lotería y juegos de azar son una fuente clave de financiamiento para programas que apoyan a poblaciones vulnerables. La institución afirmó que continuará abogando por un marco legal que garantice que estos fondos estén protegidos y dirigidos hacia su fin social.