La Junta de Protección Social (JPS) volverá a intentar por tercera vez que se apruebe una reforma legal que permita sancionar con mayor severidad la venta de lotería ilegal, una práctica común en muchas comunidades del país.

El nuevo intento surge apenas días después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutara 24 allanamientos en distintos puntos del país, en el marco de la operación “Tómbola”. La investigación judicial gira en torno a un presunto caso de legitimación de capitales en el que estarían involucrados negocios ligados a tramos de lotería ilegal.

Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la JPS, reconoció que el marco legal actual no brinda a la institución herramientas suficientes para perseguir o sancionar con contundencia la venta y operación ilegal de rifas.

“La legislación vigente es de 1950, cuando las dinámicas sociales eran otras. Hoy el delito de venta ilegal de lotería no califica como estafa, porque no hay engaño: el comprador sabe qué está adquiriendo. Por eso, cuando acudimos al Poder Judicial, nos dicen que no procede. Ya hemos intentado dos veces sin éxito cambiar la ley. Con esta nueva propuesta buscamos fortalecer las competencias de la Junta, porque estamos compitiendo contra un mercado abiertamente ilegal con las manos amarradas.”, explicó

La nueva propuesta contempla penas de hasta diez años de prisión para quienes operen bancas ilegales desde donde se gestionan los pagos de premios. Además, busca imponer multas de hasta diez salarios base a quienes participen como puntos de venta no autorizados.

Britton explicó que parte del problema radica en que estas bancas ilegales ofrecen pagos más altos que los juegos regulados, lo que las hace más atractivas para muchos apostadores. Según dijo, confían en que esta vez la semilla quede sembrada y que el próximo Congreso pueda retomar el proyecto con una discusión más a fondo.

“Este proyecto no lo presentamos solos. Lo respaldaron 12 diputados de distintas fracciones, lo que facilita su avance en la Asamblea. ¿Quién podría oponerse a fortalecer a la Junta para que esos 300 mil millones de colones que hoy mueve la ilegalidad pasen a financiar el bien social? Negarse sería una vergüenza. Además, esto también es una medida para prevenir y combatir el crimen organizado.”, amplió en sus declaraciones la titular de la Junta.

Los dos intentos anteriores de reforma no lograron avanzar ni siquiera más allá del trámite en comisión legislativa, por lo que terminaron archivados.