Dejan para la próxima sesión la aprobación del proyecto para legalizar apuestas deportivas

El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Antonio Soto, sostuvo que en la Cámara de Representantes no había prisa para la aprobación de la medida.

“El presidente de la Cámara, (Carlos “Johnny” Méndez), no tiene prisa. Desde mi punto de vista, si no llegamos a acuerdos en las próximas horas, yo no tendría problema en que se quede la consideración para agosto”, señaló Soto al reconocer que el “Ejecutivo quiere que se apruebe ya”.

Entre las diferencias que no han logrado ser conciliadas, está el término del nombramiento de la persona que dirigiría la Comisión de Apuestas de Puerto Rico, que crearía el estatuto, así como los años de experiencia en negocios o industrias relacionadas que tendría que tener la persona designada para ocupar la silla. En este último aspecto, el Ejecutivo quiere cinco años de experiencia y la Legislatura se ha sostenido en diez años. 

Otro reclamo del Ejecutivo que al momento no ha encontrado espacio en la Legislatura es que el 10% de los ingresos generados a través de Proyecto de la Cámara 2038 sean dirigidos al Departamento de Recreación y Deportes (DRD). No obstante, el representante penepé Néstor Alonso, autor de la medida, se inclina a dirigir un 3% al Comité Olímpico de Puerto Rico y 2% al Comité Paralímpico.

El restante 5% estaría destinado a las organizaciones sin fines de lucro que se dediquen a la promoción del deporte y que estuviesen supervisadas por la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos que copreside Soto con la senadora Migdalia Padilla. 

“Hay algunas de las cosas que se han mantenido en el proyecto, hay otras enmiendas que todavía se están trabajando”, sostuvo Soto.

Sostuvo que -contrario a lo que se dio a entender públicamente-, el Estado recibiría sólo el 10% de dinero generado a través de las apuestas, lo que se traduciría en entre $2.9 millones y $4.4 millones.

“Lo que pasa es que muchas veces se confundió la discusión pública pensando en que al gobierno le iban a llegar entre $29 y $44 millones cuando eso no lo establecía ninguno de los estudios”, dijo Soto.