Esta semana, el Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto presentado por el diputado de Unión por la Patria, Germán Di Césare, que prohíbe el acceso de personas registradas como deudores alimentarios a casinos, bingos y salas de juego en todo el territorio bonaerense.

La nueva normativa suma una herramienta adicional de control al Gobierno provincial para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, en sintonía con los mecanismos ya establecidos por el Poder Judicial. La ley habilita al Ejecutivo a “implementar los procedimientos necesarios” para que los establecimientos de juego identifiquen y restrinjan el ingreso de quienes se encuentren alcanzados por esta medida.

La sanción parlamentaria culmina un proceso iniciado en la Cámara de Diputados y refuerza el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes vigente en la provincia. Ahora, será el Poder Ejecutivo quien coordine con casinos y salas de juego para garantizar la aplicación efectiva de la restricción.

El proyecto de Di Césare fue elaborado para que la Provincia adopte acciones concretas destinadas a impedir el ingreso de deudores alimentarios a espacios de apuestas, con el objetivo de promover el pago de las cuotas de manutención de hijos e hijas. La iniciativa pone el foco en resguardar derechos esenciales de la niñez y en fortalecer el marco normativo para evitar que la morosidad afecte su bienestar.

La ley alcanza a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) por adeudar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, según los criterios ya definidos por la Justicia bonaerense. Será responsabilidad del personal de casinos, salas de juego y bingos impedir el ingreso, mientras que el Ejecutivo deberá supervisar su cumplimiento, configurando un esquema de responsabilidad compartida entre el sector privado y el Estado.

En sus fundamentos, Di Césare citó la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la obligación de los Estados de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo integral de las infancias, y recuerda que los progenitores deben aportar los recursos necesarios para su crianza. La nueva ley incorpora estos principios y apunta a dotar de mayor eficacia a las políticas provinciales destinadas a asegurar el pago de las cuotas alimentarias.