La propuesta contempla modificaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la Ley General de Cultura Física y Deporte y al Código Penal Federal, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica al sector y proteger la credibilidad del fútbol y otras disciplinas profesionales en México.

Separación clara entre operadores y clubes

Uno de los ejes centrales del proyecto establece que permisionarios, operadores, socios o beneficiarios de casas de apuestas no puedan ser propietarios, inversionistas ni administradores de clubes deportivos profesionales, y viceversa.

En caso de incumplimiento, la iniciativa prevé sanciones como la cancelación de permisos, multas de hasta cien mil UMAs, inhabilitaciones y la notificación obligatoria a autoridades financieras. Con ello, se busca blindar al ecosistema deportivo y evitar posibles conflictos de interés que puedan afectar la confianza del público y de los mercados regulados.

Código de Integridad obligatorio

El paquete legislativo también plantea que ligas, asociaciones y clubes adopten un Código de Integridad que incluya:

• Prohibición de apuestas internas.
• Declaración pública de intereses financieros de directivos.
• Cláusulas de integridad en contratos.
• Mecanismos de denuncia anónima.

Estas medidas apuntan a elevar los estándares de gobernanza dentro del deporte profesional, alineándolos con buenas prácticas internacionales en materia de prevención de riesgos.

Tipificación del amaño como delito federal

La iniciativa propone crear el capítulo “Delitos contra la integridad del deporte profesional” dentro del Código Penal Federal, estableciendo penas de hasta 10 años de prisión para quienes manipulen resultados con fines de apuesta, utilicen información privilegiada o encubran recursos provenientes de apuestas ilegales.

Las sanciones se agravarían cuando las conductas involucren a propietarios o directivos de clubes, o afecten torneos nacionales e internacionales.

Organismos internacionales han advertido sobre el crecimiento de estas prácticas cuando no existen marcos legales específicos que sancionen el amaño de partidos, señalando que la ausencia de riesgo penal facilita su expansión.

Con este paquete de reformas, el legislador busca fortalecer el entorno regulado del juego en México, promover reglas claras para todos los actores y consolidar un modelo que combine desarrollo de la industria con altos estándares de integridad deportiva.