Diputados avalan reestructura del Instituto de Juegos de Mendoza

La iniciativa avanzó con el respaldo del oficialismo y ahora pasará al Senado

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles la denominada “ley macro”, una ambiciosa iniciativa promovida por el gobernador Alfredo Cornejo y elaborada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, con el objetivo de profundizar la modernización del Estado provincial.

El proyecto obtuvo media sanción con 33 votos afirmativos y 8 negativos, correspondientes a legisladores del PJ y el kirchnerismo, mientras que seis diputados estuvieron ausentes durante la sesión. La propuesta deberá ahora ser debatida por el Senado para convertirse en ley.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el paquete legislativo busca mejorar la eficiencia administrativa, reducir estructuras obsoletas y generar condiciones más favorables para atraer inversiones privadas.

Juegos y Casinos se prepara para una profunda reestructuración

Uno de los capítulos más relevantes del proyecto habilita una reorganización integral del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico y garantizar la sostenibilidad financiera del organismo.

La iniciativa otorga facultades para modificar áreas y funciones durante el plazo de un año e incorpora distintas alternativas para el personal afectado por la reestructuración. Entre ellas se incluyen:

• Retiros voluntarios con compensaciones de hasta el 120% de la indemnización correspondiente;
• Reubicaciones dentro del propio instituto;
• Traslados voluntarios a otras dependencias del Estado; y
• Desvinculaciones con el pago de las indemnizaciones previstas por ley como última instancia.

Durante el debate legislativo se incorporó una aclaración para asegurar que los recursos destinados actualmente a programas de salud no sean afectados por el proceso de reorganización.

La diputada oficialista Sol Salinas (PRO) defendió la medida al señalar que el organismo debe dejar de tener una función exclusivamente recaudatoria y reforzar su rol en la prevención de la ludopatía y la promoción de la salud mental.

Mendoza adhiere al RIMI y suma incentivos propios

Otro de los ejes centrales de la propuesta es la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivos para Microinversiones (RIMI), una herramienta nacional orientada a promover inversiones productivas de micro, pequeñas y medianas empresas mediante beneficios fiscales.

Además de incorporarse al esquema nacional, la Provincia prevé una serie de incentivos propios con una vigencia de diez años para quienes ingresen al régimen, entre ellos:

• Estabilidad impositiva provincial;
• Acceso prioritario a líneas de financiamiento y subsidios de tasas;
• Programas de capacitación y asistencia técnica;
• Beneficios vinculados a la generación de empleo; y
• Prioridad para radicarse en parques industriales y otros espacios productivos administrados por el Estado.

El oficialismo defendió estas medidas como una herramienta para mejorar la competitividad de Mendoza y estimular la creación de empleo formal.

Desde la oposición, en tanto, cuestionaron las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para definir beneficios adicionales sin una mayor participación de la Legislatura.

El Fondo para la Transformación y el Crecimiento dejará de existir

La iniciativa también contempla la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), creado en 1993 para financiar proyectos productivos en la provincia.

El Gobierno argumenta que las condiciones económicas que dieron origen al organismo cambiaron sustancialmente y que el esquema tradicional de créditos directos perdió eficacia debido al agotamiento de los recursos extraordinarios que sostenían su funcionamiento.

En su reemplazo, la Provincia orientará su intervención hacia instrumentos como:

• Subsidios de tasas de interés;
• Programas de fortalecimiento financiero para pymes; y
• Asistencia frente a contingencias económicas.

La liquidación del organismo quedará bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que designará un liquidador para conducir el proceso.

La decisión despertó críticas de la oposición, que advirtió que Mendoza podría perder una herramienta estratégica para acompañar el desarrollo de productores y pequeñas empresas, tal como ocurrió durante las últimas tres décadas.

Avanza la liquidación de activos de los ex bancos provinciales

El proyecto también busca cerrar definitivamente el proceso iniciado con la privatización del Banco Mendoza y del Banco de Previsión Social durante la década de 1990.

Para ello, habilita la depuración de créditos considerados incobrables por prescripción, insolvencia, quiebras concluidas o cuando el costo de recupero resulte superior al monto adeudado.

Asimismo, permite cancelar garantías reales vinculadas a esas deudas, como hipotecas, con el objetivo de destrabar situaciones pendientes desde hace décadas y facilitar que esos bienes puedan reintegrarse al circuito económico.

Según explicaron desde el oficialismo, gran parte de estas carteras crediticias supera los 30 años de antigüedad y continúa generando costos administrativos para el Estado sin perspectivas reales de recuperación.

Un debate sobre el rol del Estado

El tratamiento de la ley volvió a poner en discusión el alcance de la intervención estatal en la economía provincial.

Mientras el oficialismo y sus aliados defendieron el proyecto como una herramienta para modernizar la administración pública y favorecer la inversión privada, la oposición sostuvo que varias de las medidas implican un retroceso del Estado en funciones históricas vinculadas al financiamiento productivo.

Con la aprobación en Diputados, la denominada “ley macro” ingresará ahora al Senado provincial, donde se definirá si el paquete de reformas impulsado por el Gobierno de Mendoza se convierte definitivamente en ley.