Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay (PJ–Entre Ríos) presentaron un proyecto de ley que propone la creación del Registro Federal de Incumplidores de Obligaciones Alimentarias (REFIOA), con el objetivo de garantizar la efectividad del crédito alimentario reconocido judicialmente y limitar el acceso al juego presencial y online a quienes adeuden cuotas alimentarias.

La iniciativa prevé que el REFIOA funcione en el ámbito del Poder Ejecutivo, con alcance en todo el territorio nacional y carácter federal e interoperable con organismos nacionales y provinciales. El propósito es unificar la información y evitar que los deudores eludan restricciones trasladándose entre jurisdicciones.

Inhabilitación para casinos, bingos y plataformas online

El texto busca que la inscripción vigente en el REFIOA produzca la inhabilitación personal para ingresar y permanecer en:

Casinos

Salas de bingo

Agencias de apuestas

Plataformas de juego en línea autorizadas por autoridad estatal

La medida procederá cuando el juez competente, mediante resolución fundada, así lo disponga ante un incumplimiento relevante de la obligación alimentaria.

Michel señaló que, si bien varias provincias cuentan con registros locales de deudores alimentarios, la falta de un sistema federal genera desigualdades. “Una persona inscripta en una jurisdicción puede eludir los efectos trasladándose a otra. La creación de un Registro Federal permite superar esa limitación, dotando de eficacia nacional a las decisiones judiciales y fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional”, afirmó.

Por su parte, Marclay destacó que la propuesta persigue dos objetivos centrales: “dotar de eficacia real a los derechos ya consagrados, como la cuota alimentaria, y dar respuesta concreta a una realidad social que afecta a una gran cantidad de hogares en todo el país”.

Marco constitucional y datos de incumplimiento

La cuota alimentaria tiene reconocimiento constitucional en Argentina. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza la protección integral de la familia, mientras que el artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 27 impone al Estado la obligación de asegurar el pago de la pensión alimenticia.

De acuerdo con un informe de UNICEF Argentina de 2024, más del 56% de las madres que no conviven con el padre de sus hijos no reciben la cuota alimentaria, cifra que asciende al 68% si se incluye a quienes no la perciben de manera regular. Estos datos evidencian un incumplimiento sostenido que impacta de forma desproporcionada en mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad.

Con esta iniciativa, el Congreso suma un nuevo capítulo al debate sobre regulación del juego y responsabilidad social, incorporando la dimensión del cumplimiento de obligaciones alimentarias como criterio de acceso a la actividad.