EGBA advierte que el impuesto europeo al juego online es “inviable” y favorece al mercado ilegal

La European Gaming and Betting Association (EGBA) lanzó una fuerte advertencia contra la propuesta del European Parliament Budget Committee de crear un impuesto al juego online a nivel de toda la Unión Europea, calificándolo como “fundamentalmente inviable”.

La medida surge en el marco del debate sobre el aumento del 10% del presupuesto comunitario, destinado a financiar prioridades como la defensa, la digitalización y la resiliencia económica. Sin embargo, desde EGBA sostienen que la iniciativa ignora la realidad regulatoria fragmentada del sector en Europa.

El secretario general de la entidad, Maarten Haijer, explicó que el juego sigue siendo competencia de cada Estado miembro, por lo que no existe una base legal común para definir, aplicar o recaudar un impuesto centralizado. Además, recordó que los operadores regulados ya enfrentan cargas fiscales elevadas, que en algunos mercados superan el 50% de los ingresos brutos.

Desde la asociación advierten que un nuevo gravamen europeo reduciría la competitividad del mercado regulado frente a operadores ilegales offshore, que operan sin impuestos ni controles. Esto podría derivar en una migración de jugadores hacia plataformas no autorizadas, con menores garantías de protección.

Asimismo, EGBA alertó que la medida podría tener un efecto contrario en la recaudación, reduciendo los ingresos fiscales nacionales si el mercado ilegal gana terreno.

El debate se produce en paralelo a decisiones recientes del Court of Justice of the European Union que han reforzado los derechos de los jugadores frente a operadores no autorizados, avances que podrían verse comprometidos si el mercado legal pierde viabilidad.

Aunque algunos países como el United Kingdom avanzan en modelos nacionales de contribución obligatoria para financiar programas de prevención y tratamiento, EGBA considera que trasladar ese esquema al ámbito europeo, sin armonización previa, resultaría inviable.

La propuesta forma parte de las negociaciones del marco financiero plurianual 2028-2034 y, para concretarse, requeriría la aprobación unánime de los 27 Estados miembros, un escenario que por ahora parece lejano.