El Betting and Gaming Council (BGC) —la principal asociación que agrupa a operadores de apuestas y juegos de azar regulados en el Reino Unido, representando aproximadamente el 90 % de la industria regulada británica— ha firmado un acuerdo de cooperación con la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) de Chile, organización que reúne a operadores de apuestas online que desde 2022 han impulsado un marco de regulación moderno en el país sudamericano.

¿Qué implica el acuerdo BGC-aPAL para Chile?

Transferencia de experiencia internacional

El acuerdo tiene un foco principal: la transferencia de experiencia regulatoria desde mercados maduros como el del Reino Unido hacia el contexto chileno. A través de este marco de cooperación, el BGC y aPAL colaborarán en:

• Compartir evidencia y mejores prácticas regulatorias usadas en mercados donde el juego online está formalmente regulado.
• Fortalecer la base de conocimiento sobre modelos de regulación que prioricen la protección del consumidor, el juego responsable y la integridad del mercado.
• Dialogar con legisladores y stakeholders locales para apoyar el diseño de un sistema de licencias sostenible y eficaz.

Según representantes de ambas organizaciones, Chile tiene la oportunidad de construir un marco regulatorio moderno que no solo proteja a los usuarios, sino que también combata la actividad irregular y el “mercado negro” de operadores sin supervisión.

Un paso en el avance legislativo chileno

Este acuerdo se produce en medio de un proceso legislativo que ya venía avanzado: el Senado chileno aprobó en 2025 un proyecto de ley general para regular las plataformas de apuestas online, con el fin de crear un régimen formal de licencias, establecer medidas de cumplimiento y proteger a los jugadores, especialmente menores de edad.

Además, diversas acciones judiciales han marcado el debate político y público en el país: la Corte Suprema de Chile ordenó bloquear el acceso de operadores online sin licencia, indicando que estas plataformas operan fuera del marco legal detallado y subrayando la necesidad de una regulación clara y específica.

El aporte de la experiencia británica, por tanto, situaría a Chile en un lugar privilegiado para consolidar un esquema de regulación basado en evidencia internacional y comparativas de mejores prácticas, lo que podría traducirse en un proceso de legislación más rápido y sólido ante la próxima administración gubernamental chilena.