El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), había anunciado la sesión a principios de abril, pero desde entonces, la reunión de los parlamentarios ni siquiera figura en el sistema. La semana pasada, el senador volvió a decir que el Congreso se reuniría el 18 de este mes, pero la fecha nunca apareció en el orden del día.

Si los vetos se analizaran el día 18, el Gobierno saldría perdiendo. Esto se debe a que el veto a las enmiendas de 5.600 millones de reales no tiene votos suficientes para ser mantenido y, al anularlo, el Congreso provocaría un agujero en las cuentas públicas, ya que Lula no tiene de dónde sacar el dinero y acabaría sacándolo de los presupuestos de los ministerios.

Con el aplazamiento, el gobierno espera que el Senado apruebe la reanudación del cobro del Seguro Obligatorio de Daños Personales por Vehículos Terrestres (DPVAT). El texto fue aprobado el martes (9 de abril) por la Cámara de Diputados y ha llegado a la Cámara Alta con carácter de urgencia.

Si es aprobado por el Senado, el Dpvat representa un aumento de los ingresos federales y, en el texto que pasó por la Cámara de Diputados, los parlamentarios aprobaron un cambio en el marco fiscal que permite al Gobierno anticipar unos 15.000 millones de reales en gastos. De esta cantidad, alrededor del 50% podría destinarse al pago de enmiendas.
 

Se espera que los senadores aprueben el proyecto de ley 233/23 antes del día 25. De esta forma, Lula podrá utilizar parte de los 15.000 millones de reales para cumplir las exigencias de los congresistas, sin que haya un agujero en los presupuestos de los ministerios. Además, con el aplazamiento, existe la posibilidad de que se incluya en el orden del día el veto presidencial a la parte del proyecto de ley que prohíbe las visitas carcelarias a familiares en fiestas nacionales.