El gobierno español endurece la protección a los jóvenes frente al juego on line

El Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha revelado hoy su plan para promover una iniciativa legislativa destinada a fortalecer la protección de los jóvenes contra el juego en línea y los videojuegos. Esta nueva legislación busca verificar la edad de los usuarios, limitar la publicidad y regular los sistemas de recompensas.

En primer lugar, el texto busca implantar mecanismos que permitan validar efectivamente la edad del usuario, al igual que el Gobierno quiere hacer con los contenidos pornográficos, para que no baste con hacer clic en el botón que verifica la mayoría de edad, sino que telemáticamente se pueda comprobar, respetando la ley de protección de datos, que efectivamente esa persona tiene más de 18 años y, por tanto, puede acceder a los contenidos vetados por ley a los menores.

'Cajas botín'

"Son medidas importantes. Vamos a acometer una iniciativa legislativa para restaurar estos artículos pero también para ampliar y reforzar la regulación del juego online", ha explicado el ministro tras visitar la Dirección General de Ordenación del Juego. Con este propósito, la ley se centrará, en tercer lugar, en regular las llamadas 'cajas botín', que forman parte normalmente de los videojuegos y consisten en mecanismos aleatorios de recompensa que presentan muchas similitudes con los juegos de azar y, por tanto, pueden provocar adicción.

El problema, según ha explicado Bustinduy, es que "hay datos que muestran que hasta el 24% de los jóvenes entre 15 y 17 años ha comprado 'cajas botín' en el último año". "Nos preocupan porque es el primer acercamiento hacia patrones de conducta que pueden derivar en situaciones de riesgo". Además, tampoco se verifica la edad del jugador, por lo que la nueva ley regulará la compra y la seguridad de las 'cajas botín' para "garantizar un entorno seguro".

Bustinduy no ha aventurado una fecha de cuándo puede estar lista la ley para iniciar su tramitación. Tan solo ha indicado que es una "prioridad política" que requiere "la máxima celeridad posible".