El juego de azar: legitimidad y legalidad

Generalmente las leyes cumplen unas exigencias vinculadas al Estado de Derecho, es decir, expresión no de una voluntad individual, sino de la soberanía popular y en beneficio de la gran mayoría del cuerpo social. Múltiples cambios en las normativas del juego parecen no seguir esta trayectoria. La singularidad es que su "normalización" conlleva cierto estigma social.

Más del 80% de los adultos participa en algún tipo de juego de azar y, de ellos, en torno al 97% lo hace sin ningún tipo de riesgo reseñable. Inicialmente esas ratios indicarían un alto grado de legitimidad para mantener el grueso de las vigentes regulaciones, sin embargo, la industria privada presenta un significativo vaivén en su extenso marco legislativo.

Como intangible, su reputación no recoge una perspectiva completa de la actividad. Sólo estudiando el proceso de reacción social pueden identificarse fortalezas y debilidades.

Existen acciones estratégicas enfocadas a obtener, mantener o recuperar la legitimidad aparentemente menoscabada. Dentro de la diplomacia corporativa se entremezclan categorías: las relaciones públicas e institucionales, el conseguidor o los lobbies económicos. Sin embargo, la sociedad civil subraya mejor sus intereses a través de un proceso más amplio denominado advocacy.

Esta particular defensa consiste en actuaciones emprendidas para modificar actitudes, prácticas y políticas conectadas con una causa y el bienestar, desarrollando acciones de sensibilización, representación y empoderamiento que el ciudadano tal vez no percibe, pero que le influyen particularmente.

Un lobby tiene un enfoque más directo, siendo ésta una percepción generalizada difícil de quebrar. Por tanto, es necesaria una promoción de la actividad que destierre ese desequilibrio en la conciencia ciudadana, a pesar del continuo énfasis en dramas personales e historias de vida.

Por un lado, la promoción es argumentar a favor de una causa o idea valiosa, ya sea la protección de la salud, del medio ambiente o la visión sobre unos patrones de consumo. Por otro, el cabildeo abarca cualquier intento de influir en un político o funcionario sobre un tema o legislación específica. Ambos son procesos diferentes, aunque los límites se difuminan fácilmente.

Sin embargo, una entidad social (fundación o similar) disfruta de una autoritas impregnada de funciones tutelares. Álvaro d'Ors la definía como un saber socialmente reconocido. Su labor identifica una realidad, intentando cambiar los tradicionales mapas cognitivos e incidir sobre las opciones, intereses y agendas que se mueven en un contexto. La sociedad civil se articula voluntariamente alrededor de ciertas visiones, respaldando activamente y a largo plazo lo que consideran una necesidad.

La tendencia empresarial ha sido asimilar este complejo proceso al simple lobbying que no refleja las particularidades que una positiva y continuada demanda social exige en favor de un interés colectivo.

Invertir en eventos o causas solidarias no es suficiente ya que eso es filantropía. Crear alianzas con los actores relevantes para remediar repercusiones negativas, es RSC. Una promoción y defensa bien desarrollada evita o aligera los conflictos que generan esas oscilaciones sociales y normativas tan gravosas. Esto es advocacy.

Se reevalúa la misma idea de lo político al extraerlo del puro ámbito legislativo y situarlo en un contexto superior que amplía las posibilidades. Desarrolla un papel importante en la movilización de intereses, en la creación de opinión pública y en la persuasión. Educar sobre las realidades, necesidades, problemas y causas es una estrategia destinada por un lado, a superar resistencias, prejuicios y controversias y, por otro, a conseguir aceptación.

Tocqueville ya consideraba que una sociedad sana es perfectible y no puede quedarse estancada, ni moral ni intelectualmente. Hay que orientar la intervención hacia alianzas estratégicas para fortalecerse. Con esta perspectiva, se hace necesario contar con herramientas que faciliten la puesta en marcha de acciones de promoción que entrelacen mercado y sociedad, que frenen normativas desaforadas.

La gobernabilidad no puede construirse transfiriendo modelos institucionales y las comunidades evolucionan mejor a través del diálogo y la negociación previa que frente a la colisión social. Es esencial tejer redes de información con las entidades clave para presentar e integrar la actividad.

El beneficio económico cortoplacista perjudica los intereses en el largo plazo. El "abogar por" se produce precisamente para amplificar la voz y alcanzar un reconocimiento público con acciones enfocadas a cambiar actitudes y la inquina asentada. El fetiche neoliberal de que todo debe medirse inmediatamente, en términos de eficacia y eficiencia, no puede ser la forma de medir lo social. La estrategia debe orientarse claramente a plasmar una realidad exacta para evitar regulaciones inexactas.

La controvertida expansión mercantil no ha ido paralela al diálogo con la sociedad civil. En los entornos inestables prima la anticipación para garantizar no sólo el éxito en términos financieros, sino también su sostenibilidad a través de instrumentos que muestren el alma sectorial.

Hoy, cuando el sector se ve amenazado y agraviado, exponer esa legitimidad real se hace aún más importante. Se debe potenciar el monitoreo del discurso sociopolítico y maniobrar en consecuencia ex ante. Se requiere un vehículo social proactivo de promoción dentro de un ambiente complejo que demanda una identidad compartida y que no puede alcanzar un simple lobby económico reactivo, aunque así se pretenda. La industria debe creer y apostar por esa imprescindible madurez, unidad e incidencia social para que legitimidad y legalidad se ajusten de manera veraz y proporcionada a las circunstancias de cada momento.