El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó este jueves que los jugadores pueden reclamar las cantidades perdidas en plataformas de apuestas online radicadas en otros Estados miembros cuando dichas actividades estaban prohibidas en su país de residencia.

El fallo surge a raíz del caso de un ciudadano alemán que solicitó la devolución de pérdidas registradas en operadores con sede en Malta, tras participar en juegos como máquinas tragamonedas virtuales, prohibidas en Alemania entre 2019 y 2021. Durante ese período, la legislación alemana solo permitía determinadas actividades, como las apuestas deportivas, hípicas y algunas loterías.

El caso fue elevado a la justicia europea luego de que un tribunal maltés planteara dudas sobre si el principio de libre prestación de servicios dentro de la Unión Europea impedía aplicar restricciones nacionales cuando el operador cuenta con licencia en otro Estado miembro.

En su sentencia, el TJUE concluyó que el derecho comunitario no se opone a normativas nacionales que prohíban determinados juegos de azar online, como los casinos o las tragamonedas virtuales, con el objetivo de canalizar la actividad hacia entornos regulados y combatir mercados paralelos.

Asimismo, el tribunal consideró válido que dichas prohibiciones tengan efectos legales incluso tras cambios regulatorios posteriores, como la introducción de sistemas de licencias. En este sentido, avaló tanto la nulidad de contratos celebrados en infracción de la ley como la posibilidad de iniciar acciones civiles para recuperar el dinero perdido.

Los jueces fundamentaron su decisión en razones de interés general, como la protección del consumidor y del orden público, destacando que el juego online presenta riesgos específicos, entre ellos el acceso permanente, el anonimato, la falta de control social y su potencial atractivo para públicos vulnerables.

El tribunal también subrayó que la existencia de demanda o el hecho de que el operador esté autorizado en otro país no invalida las restricciones nacionales, ya que cada Estado miembro tiene la potestad de fijar su propio nivel de protección.

Respecto a la reforma alemana de 2021, que sustituyó la prohibición general por un sistema de autorización previa, el TJUE señaló que este cambio no afecta la validez del régimen anterior, sino que puede interpretarse como una estrategia de regulación progresiva.

Finalmente, el fallo establece que la nulidad de los contratos y la eventual devolución de las cantidades perdidas deben regirse por la legislación nacional aplicable, en este caso, el derecho alemán.