Eliminación del IVA a los juegos en línea generará un impacto económico y legal para miles de colombianos, según FECOLJUEGOS

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aplicó una medida que elimina la exención del IVA para los juegos en línea, una decisión que forma parte del Decreto No. 0175 en orden del Estado de conmoción interior establecido por el Gobierno nacional para contrarrestar la violencia en el Catatumbo, Norte de Santander, donde hay miles de familias desplazadas a causa de los enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y de las disidencias de las Farc.

La decisión genera preocupación en la industria de juegos de suerte y azar representada por la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), gremio que advierte que la norma podría impactar de manera negativa la estabilidad del sector. Por eso, manifestó que “se ha tomado una decisión sin considerar el reconocimiento del sector ni los retos técnicos que implican su implementación”.

La industria de juegos en línea, cuya estructura operativa se basa en sistemas automatizados y contratos predefinidos, expresó que la eliminación del beneficio tributario aumentará de manera considerable los costos operativos. Apuntó que “la carga tributaria del sector alcanzará el 70,5%, reduciendo el margen de operación y afectando su sostenibilidad”.

Además, afirmó que la decisión no tuvo en cuenta las características técnicas del funcionamiento, lo que podría derivar en la suspensión parcial o total de sus actividades.

Insuficiencia de plazos para ajustes técnicos

Entre los puntos críticos destacados por Fecoljuegos se encuentra el escaso tiempo otorgado a los operadores para implementar los cambios necesarios en sus plataformas. De acuerdo con el gremio, “el plazo de cinco días hábiles es insuficiente” para hacer modificaciones en sistemas de cobro, facturación y reporte de impuestos. La elaboración de estas adecuaciones exige coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y un período razonable de transición para evitar errores en el cumplimiento normativo.

Obstáculos regulatorios y posible afectación a la salud pública

También resaltó que solo cinco laboratorios acreditados en Colombia están en condiciones de certificar las modificaciones técnicas necesarias para implementar el IVA en las plataformas de juegos en línea.

Esto, según Fecoljuegos, podría generar retrasos en las operaciones y comprometer la financiación destinada al sistema de salud pública, ya que las transferencias provenientes del sector inevitablemente se reducirían si el mercado regulado pierde jugadores o se paralizan temporalmente las actividades de los operadores. “Es una decisión que debe reconsiderar para evitar un retroceso en la inversión social”, declaró el gremio.

Posible aumento de la ilegalidad en los juegos de azar

La eliminación de la exención fiscal podría, además, incentivar a los usuarios a migrar hacia plataformas no reguladas, un comportamiento que no solo amenazaría la estabilidad financiera del sector, sino también los derechos y la seguridad de los jugadores.

“La regulación debe garantizar un equilibrio entre la carga impositiva y las condiciones de operación”, señaló Fecoljuegos al advertir que la mayor presión tributaria podría incrementar la presencia de plataformas ilegales, lo que, al final, derivaría en una menor recaudación fiscal y mayores riesgos para quienes participan en estas actividades por fuera de la legalidad.

Llamado a un plan de transición

Ante el impacto crítico de la eliminación de la exención del IVA, Fecoljuegos solicitó al Gobierno nacional reconsiderar la aplicación inmediata del Decreto No. 0175 y establecer un plan de transición que, según ellos, permita mitigar los efectos negativos en el mercado regulado.

De igual forma, la federación afirmó que “es fundamental evaluar las consecuencias de esta medida y adoptar un plan que garantice la continuidad de la industria”.

Dicho plan permitiría no solo preservar la operatividad de los operadores, sino también mantener el flujo constante de recursos que garantizan la inversión en proyectos sociales como la salud pública.