Un serio problema se avecina a las empresas y trabajadores dedicados a la industria del entretenimiento, permisionarios de casinos y de apuestas, por el decreto publicado el pasado 16 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), relativo a la modificación al reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, que amenaza seriamente el sustento de una enorme cantidad de familias vinculadas con la industria legal del juego.

Una vez que venzan las autorizaciones vigentes, las modificaciones al reglamento se limitarán a la obtención y extensión de permisos para abrir casinos legalmente, así como la eliminación de las máquinas tragamonedas en las salas de juego establecidas conforme a todas las normas jurídicas.

Tan solo por la prohibición de las máquinas tragamonedas, la industria del juego perdería, aproximadamente 15 mil millones de pesos al año, lo cual la pondría al borde de la quiebra y, por supuesto, con el despido masivo y en consecuencia la reducción de los recursos fiscales provenientes de estas empresas.

Datos de organizaciones representantes de esa industria afirman que las modificaciones prohibicionistas contempladas en el nuevo reglamento ponen en riesgo la fuente de recursos de más de 100 mil familias y la aportación de cerca de 5 mil millones de pesos a la hacienda pública.

​Terminar con las fuentes de empleo legalmente establecidas, generadoras de recursos fiscales y legítimo sustento para miles de familias, es contrario a la esencia de la transformación puesta en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A lo largo de la historia, el prohibicionismo, lejos de terminar con aquello que pretendía abatir, se ha convertido en estímulo para la continuación y el crecimiento de negocios al margen de la ley, evasores de obligaciones fiscales, operados por la delincuencia y encubridores de diversas actividades ilícitas, situación que se practica en muchos lugares del país, al margen de la ley. Esta actividad en lugar de ser prohibida, debe estar regida por la ley.

Estrangular a la industria legalmente constituida del juego, es favorecer a la ilegalidad, la delincuencia, inseguridad, el desempleo y la evasión fiscal.

Aunque las reformas a la reglamentación de la Ley de Juegos y Sorteos ya fueron aprobadas por la mayoría legislativa, nunca será tarde para reabrir los canales de diálogo y discusión. Es necesario insistir en que prohibir o limitar en exceso el juego sólo beneficiará a la delincuencia que lo explota y seguirá explotando en la ilegalidad.

Por Fernando Fuentes