Por la falta de reglamentación, mucho tiempo muchas ciudades y espacios públicos se tornaron can­cha libre para la avalancha de máqui­nas tragamonedas que han cautivado en el vicio de las apuestas a muchos adultos; en el caso de los adolescen­tes y niños caen en la adición cono­cida como ludopatía. Sin embargo, en diciembre pasado, el presidente de la República firmó el decreto 938/2023 por el cual se reglamenta la Ley 6903/2022, “que establece medidas de protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”, es decir, estos apara­tos ya no deben estar a la vista de los menores.

Estos juegos deben funcionar en lugares habilitados por las munici­palidades, sitios adaptados a normas de seguridad con la prohibición del ingreso a menores.

Desde la Comisión Nacional de Jue­gos de Azar (Conajzar) vienen insis­tiendo en el cumplimiento de la nor­mativa que prohíbe la exposición de estas máquinas en espacios públi­cos y al alcance de los niños avisando de los controles e intervenciones en proceso. Incluso dieron un tope para procedimientos con medidas drásti­cas hasta el 8 de febrero pasado.

Los plazos fenecieron y los intenden­tes como los funcionarios respon­sables de cada municipalidad que se deben a la ciudadanía tienen que aca­tar la normativa sin contemplación de quienes infringen las disposicio­nes. Si no son capaces de proteger a sus comunidades de este vicio de las apuestas, deben ser sancionados y dar un paso al costado.

Estudios económicos estiman multimillonarias cifras que se mue­ven en negro detrás de este negocio que es considerado clandestino, pero que se explota a todas luces. Lastimo­samente la reglamentación llegó tras años de copamiento de estas máqui­nas de las avenidas y lugares públicos de manera invasiva, sin protección a la población vulnerable; sin embargo, no es argumento para seguir poster­gando el cumplimiento de las leyes.

Las ciudades, a través de sus admi­nistraciones municipales, necesi­tan un ordenamiento en este aspecto de los juegos de azar. La Conajzar asume una enorme misión y tiene que avan­zar en una coordinación estratégica de procedimientos que involucren a las diferentes entidades, princi­palmente con el Ministerio Público, para caer con todo el peso de la ley a los transgresores.

La demora en el cumplimiento de las normas que prohíben la exposición de los aparatos en sitios no habilita­dos arriesga mayor especulación en el negocio en negro y que funciona­rios desleales sigan haciendo la vista gorda a estas máquinas que inundan ciudades.