España acumula más de 465 millones de euros en multas sin cobrar por juego online

Las multas superan los 465 millones de euros

El Gobierno de España ha impuesto sanciones por más de 465 millones de euros a operadores de juego online ilegal durante los últimos cinco años, pero admite que no ha cobrado ninguna de esas multas.

Así lo señaló el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria por escrito al Partido Popular (PP), en la que detalló el importe de las sanciones económicas impuestas por la Administración General del Estado a operadores de juego online sin autorización.

Según los datos oficiales, las multas ascendieron a 128.427.500 euros en 2022, 150 millones de euros en 2023, 96 millones en 2024, 51 millones en 2025 y 40 millones en 2026.

En su respuesta, el Gobierno confirmó que ninguna cantidad ha sido abonada y que la totalidad de las sanciones permanece pendiente de cobro.

Las estructuras opacas dificultan la ejecución de las sanciones

Al explicar las dificultades para garantizar el cobro de las multas impuestas a operadores radicados fuera de España, el Ejecutivo destacó el carácter transfronterizo del juego online ilegal.

Según indicó, estas empresas suelen operar desde jurisdicciones extranjeras y, cuando es posible identificar su domicilio social mediante información pública, este se encuentra en territorios con escasa colaboración internacional. Esto limita las investigaciones a los datos disponibles en fuentes abiertas.

Además, los operadores utilizan estructuras societarias opacas y recurren a dominios, marcas, pasarelas de pago y servicios tecnológicos que pueden sustituirse fácilmente, lo que complica la identificación de los responsables y la ejecución efectiva de las sanciones.

El Gobierno sostiene que estas circunstancias dificultan el cobro y justifican la aplicación de medidas complementarias para interrumpir las actividades ilegales, incluso cuando no se conoce la identidad del infractor.

El Gobierno prioriza la protección del mercado y de los consumidores

El Ejecutivo defendió que la eficacia de la actuación administrativa no debe medirse únicamente por el dinero recaudado, sino también por la capacidad de las autoridades para detectar, interrumpir, bloquear y desincentivar las ofertas de juego no autorizadas dirigidas a consumidores españoles.

En este sentido, afirmó que la finalidad principal de la actividad sancionadora no es recaudatoria, sino que busca proteger el mercado y a los usuarios.

Entre los efectos que destacó figuran la interrupción de la captación de jugadores españoles, las restricciones al acceso a plataformas ilegales desde España y la pérdida de visibilidad en buscadores, redes sociales, sitios de afiliados y canales publicitarios.

Bloqueos y restricciones como medidas complementarias

El Gobierno también señaló que las actuaciones contra los operadores ilegales pueden dificultar el acceso a medios de pago y proveedores tecnológicos, dejar constancia administrativa de las infracciones e impedir que las empresas accedan posteriormente al mercado regulado.

Este enfoque, según explicó, es coherente con la práctica española de acompañar las sanciones por infracciones muy graves cometidas por operadores sin licencia con medidas como el bloqueo de páginas web y la publicación de resoluciones firmes.

De esta manera, el Ejecutivo sostiene que, aunque las multas continúen pendientes de cobro, las medidas administrativas y tecnológicas pueden contribuir a limitar la actividad ilegal y reducir su alcance entre los consumidores españoles.