El nuevo Programa de Juego Seguro 2026–2030 fue presentado durante la última reunión del Consejo Asesor de Juego Seguro, celebrada en Madrid, donde se definieron las principales líneas de actuación para fortalecer la protección de los jugadores y prevenir conductas de riesgo en los próximos años.

El encuentro, presidido por Mikel Arana, reunió a representantes de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, expertos del ámbito académico y sanitario, así como actores del sector del juego. Durante la sesión se analizó la versión final del programa, concebido como una hoja de ruta estratégica para evolucionar hacia un modelo más seguro y centrado en el usuario.

El plan se apoya en los avances regulatorios impulsados tras la Ley 13/2011 de Regulación del Juego y sus posteriores desarrollos, que marcaron un cambio de paradigma en la política pública: del concepto de juego responsable hacia un enfoque integral de juego seguro, con el consumidor en el centro.

Estructurado en tres grandes ejes —análisis y diagnóstico, prevención y promoción del juego seguro, y protección al participante—, el programa establece seis objetivos generales y 24 medidas concretas. Estas acciones buscan minimizar los riesgos asociados al juego, fomentar prácticas seguras y reforzar la protección de grupos vulnerables, especialmente jóvenes.

Además, se abordó el estado de las subvenciones destinadas a la investigación sobre trastornos del juego correspondientes a la convocatoria 2025, destacando la importancia de seguir impulsando el conocimiento científico como base para la toma de decisiones.

El Programa de Juego Seguro 2026–2030 incorpora un enfoque integral, flexible y plurianual, con una planificación progresiva que permitirá evaluar su implementación y adaptarlo a los cambios del sector, incluidos los desafíos del entorno digital. En este marco, la DGOJ podrá actualizar o incorporar nuevas medidas en coordinación con el Consejo Asesor.

Asimismo, varias de las iniciativas contarán con el apoyo de la Sección Científica, integrada por especialistas en investigación, salud y academia, lo que refuerza el papel de la evidencia científica en el diseño de políticas públicas orientadas a garantizar un entorno de juego más seguro.