Fecoljuegos advirtió que el IVA en juegos online afectaría a la industria incentivando plataformas ilegales

La agremiación aseveró que antes de tomar una decisión se debe tener información, cifras fidedignas y proyecciones certeras del funcionamiento de las casas de apuestas que operan en el país

A través de un comunicado, la agremiación expuso que: “La implementación de un IVA a los juegos online comprometería la sostenibilidad del sector, afectando los márgenes operativos y el equilibrio contractual, además de incentivar el crecimiento de plataformas ilegales”.

Del mismo modo, indicó que antes de tomar una decisión, se deben analizar las condiciones de operación técnica del juego, su modelo económico, las condiciones de los contratos de concesión vigentes y “los riesgos de cualquier medida que pueda afectar la estabilidad de esta actividad económica”, complementaron.

De acuerdo con el Fecoljuegos, el sector de juegos online en el país opera bajo “estricta regulación” establecida por Coljuegos, en la que determina las condiciones técnicas, legales y financieras para su funcionamiento. Asimismo, destacó que, durante el tercer trimestre de 2024, los juegos online aportaron $231.343 millones al sistema de salud y generó 150.000 empleos formales, “consolidándose como un pilar de la transformación digital en el país”, apuntó.

“Este modelo ha sido fundamental para garantizar el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de esta actividad económica, así como la generación de ingresos destinados a la financiación del sistema de salud, al tiempo que fomenta la legalidad, transparencia y la formalidad de esta industria”, anotó.

Por último, enfatizó que el margen de ganancias en este sector ya está en sus límites, debido a que alrededor del 97% de lo apostado se retorna en “premiación a los jugadores, los derechos de explotación y gastos de administración a cargo, lo que deja a los operadores con ingresos netos limitados para cubrir los altos costos operativos”. En ese orden de ideas, según el gremio, un impuesto adicional comprometería la viabilidad de las empresas autorizadas, así como los ingresos destinados al Estado.

Cabe señalar que el 17 de enero, la agremiación, precisamente, solicitó una reunión al ministro de Hacienda, Diego Guevara, y a la directora del Dane, Piedad Urdinola, en la que propone la creación de una mesa de trabajo que permita analizar las cifras y fortalecer el sector de los juegos de suerte y azar en el país. Se espera que en medio de este posible encuentro se aborde el tema sobre la nueva carga tributaria que plantea el Gobierno.

Ministro de Hacienda explicó por qué se deben gravar las apuestas en línea en el país

Este pronunciamiento surgió luego de que el ministro planteara la posibilidad de imponer IVA a este sector económico del país como salida a la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, situación que requirió que, el viernes 24 de enero, el presidente Petro decretara estado de conmoción interior, dando facultades para suspender o crear decretos de urgencia por un lapso de 90 días.

En entrevista con un medio local, el ministro Guevara sostuvo que la medida buscará financiar las necesidades de la región. “Necesitamos buscar fuentes de recursos excepcionales que puedan ser recolectados en esta misma vigencia (...) Es un llamado a la solidaridad en un momento de profunda afectación social”, afirmó el alto funcionario.

Según explicó, los recursos se obtendrán a través de un impuesto de IVA, el cual tiene como objetivo recaudar entre $600 y $1.000 millones en un plazo de 90 días, periodo en que dura la medida de conmoción interior.

En cuanto a la aplicación de estos recursos, el jefe de cartera afirmó que el dinero recaudado se invertirá directamente en proyectos sociales y en ayudas humanitarias destinadas a los habitantes de la región afectada.

De otro lado, señaló que no se contempla un aumento de regalías, sino una redistribución de estas, acelerando su desembolso a través de un mecanismo de “fast track” dentro del sistema de regalías existente.

Según las declaraciones de Guevara, para ello se emitiría un decreto que facilite la aprobación y ejecución de proyectos en los municipios impactados, especialmente aquellos que disponen de recursos procedentes de sectores como el petróleo, el carbón y el oro.