La reforma moderniza y amplía la “lista negra” mantenida por la Comisión Helénica de Juegos, el organismo regulador independiente del país, encargado de supervisar a los operadores en línea sin licencia.

Según datos del ministerio, extraídos de una encuesta realizada en 2024 por el regulador, aproximadamente 799.000 ciudadanos, alrededor del 9,5% de la población, participaron en actividades de juego ilegal. Las autoridades estiman que el mercado clandestino mueve €1.670 millones (US$1.900 millones) al año, con un gasto promedio de €2.089 (US$2.461) por jugador. Como consecuencia, el Estado pierde unos €400 millones (US$471 millones) en ingresos fiscales cada año.

Grecia refuerza sus capacidades digitales contra el juego ilegal

El proyecto de ley otorga a la Comisión Helénica de Juegos autoridad clara para intervenir rápidamente en el ámbito digital.

Bajo el nuevo marco, el regulador podrá solicitar directamente a proveedores de internet, redes sociales, motores de búsqueda y otros intermediarios digitales la eliminación o bloqueo de contenido vinculado al juego ilegal. Además, podrá exigir información identificatoria de usuarios, cuentas o sitios sospechosos de participar en apuestas ilícitas.

Los legisladores sostienen que estas herramientas acelerarán la interrupción de actividades ilegales, reforzarán la supervisión del mercado y mejorarán la protección del consumidor, especialmente en el entorno online.

Refuerzo de personal y autoridad investigadora

Para respaldar estas nuevas funciones, la legislación aumenta la plantilla del regulador de 80 a 110 puestos permanentes, incluyendo 70 roles administrativos y 40 posiciones científicas especializadas en supervisión del juego, análisis de datos y monitoreo digital.

Actualmente, la comisión cuenta con 72 empleados, entre personal permanente y destacado. Los funcionarios aseguran que las incorporaciones mejorarán sustancialmente la capacidad operativa y la eficacia en la aplicación de la ley.

El proyecto también fortalece al Cuerpo de Inspectores de Juegos. Cuando detecten delitos vinculados al juego ilegal, actuarán como agentes investigadores especiales, con facultad para recolectar pruebas, elaborar expedientes y presentarlos directamente ante los fiscales, en lugar de limitarse a sanciones administrativas.

Grecia moderniza su lista negra

La legislación actualiza la lista negra del regulador, que ahora incluirá no solo sitios web ilegales, sino también información sobre individuos o entidades que organicen, promuevan o participen en actividades de juego ilícitas, junto con las infracciones y sanciones correspondientes.

En paralelo, las autoridades introducirán un sistema automatizado más rápido para bloquear el acceso a sitios ilegales, considerado una herramienta preventiva clave para frenar operaciones no autorizadas y limitar la promoción ilegal en línea.

Clausura inmediata de locales ilegales

El proyecto restablece y refuerza el mecanismo de cierre administrativo inmediato de locales que operen sin licencia o certificación. Esta facultad, derogada en 2014, permitirá nuevamente a los reguladores clausurar establecimientos no conformes de forma ágil. Además, los municipios podrán revocar licencias de operación cuando se confirme actividad ilegal, evitando reincidencias bajo nuevas estructuras empresariales.

Multas por promoción del juego ilegal

Por primera vez, la legislación establece una sanción administrativa específica contra la publicidad y promoción del juego ilegal.

Las multas oscilarán entre €5.000 (US$5.892) y €50.000 (US$58.920) por infracción, aplicables a cualquier persona o entidad que promocione servicios de apuestas sin licencia. La disposición cubre explícitamente canales digitales como influencers, streamers, redes de publicidad digital, afiliados y otros intermediarios promocionales.

Sanciones penales revisadas

El proyecto también reestructura las sanciones penales, buscando mayor proporcionalidad sin perder efecto disuasorio.

Para juegos ilegales no relacionados con apuestas: prisión mínima de 3 años y multas de €10.000 (US$11.784) a €500.000 (US$589.207).

Para operaciones de apuestas ilegales: prisión mínima de 10 años y multas de €50.000 (US$58.920) a €700.000 (US$824.890).

Circunstancias agravantes, como actividad profesional a gran escala o la participación de menores, elevarán las sanciones a prisión mínima de 10 años y multas de €100.000 (US$117.840) a €800.000 (US$942.725).

Clarificación en procesos penales

Finalmente, la legislación aclara las reglas procesales en juicios penales relacionados con el juego ilegal, especialmente en casos de juegos por computadora en cibercafés.

Los proveedores con derechos exclusivos podrán comparecer en los tribunales en apoyo a la acusación cuando las actividades ilegales afecten sus derechos regulados. Las autoridades sostienen que esta medida refuerza la coherencia legal y mejora la coordinación en los procesos judiciales.