A finales de 2023, la Cámara de Diputados aprobó finalmente la regulación del mercado de apuestas deportivas en línea, cuya ley fue posteriormente sancionada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El Ministerio de Hacienda de Fernando Haddad ha desempeñado un papel esencial en el juego, creando normas para mejorar la seguridad del negocio, tanto para las empresas como para los apostantes, y dando cabida a la fiscalidad del sector, que podría reportar hasta 15.000 millones de reales en impuestos y subvenciones hasta 2024, según las estimaciones.

Por otro lado, los gobernadores Ratinho Júnior (PSD), de Paraná, y Cláudio Castro (PL), de Río de Janeiro, han comenzado a enviar notificaciones a las empresas exigiéndoles el pago de una subvención de 5 millones de reales para que puedan vender sus apuestas en esos estados. 

Esto ha provocado un cinturón de tensión que ha alcanzado a los clubes de fútbol, que ahora dependen en gran medida del patrocinio de las empresas de apuestas.

El temor dentro del mercado es que las acciones estatales provoquen una inestabilidad jurídica no deseada, en un momento en que, después de cinco años de espera (la ley que autorizó la lotería de apuestas fue aprobada en de 2018), la Unión asumió su responsabilidad como árbitro y comenzó a pitar las reglas del partido.

Los gobiernos de Paraná y Río se apoyan en un resquicio legal para intentar sacar provecho del negocio de las apuestas: en este caso, una decisión del Supremo Tribunal Federal de 2020 que puso fin al monopolio del gobierno federal sobre las operaciones de lotería. "Sólo fuimos más rápidos que la Unión", dice Daniel Romanowski, CEO de la empresa de lotería Lottopar en Paraná. Además de Río y Paraná, el gobierno de Paraíba ya ha abierto la acreditación y Minas Gerais ha creado su propia apuesta. Entre los atractivos ofrecidos por los estados está el valor de la licencia, ya que la tasa nacional puede costar seis veces más, alcanzando los 30 millones de reales.

El avance en el negocio tiene el potencial no sólo de causar confusión legal, sino también una guerra fiscal. Para el presidente de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), Wesley Cardia, corresponde al Fisco regular rápidamente el mercado y evitar así situaciones que considera ilegales.

Los abogados de apuestas también advierten del riesgo de que otros estados entren en la disputa con importes de subvención y tipos impositivos sobre los Ingresos Brutos del Juego (IGJ) aún más bajos, que es la diferencia entre la cantidad recaudada por las apuestas y la cantidad pagada en premios. El Gobierno Federal ha fijado tipos del 12% - Río cobra el 5% y Paraná, el 6%.

El ministerio se dispone a emitir al menos doce ordenanzas para reforzar que la regulación está en marcha y que, por el momento, las apuestas no pueden ser sancionadas por los gestores estatales. Al final de este período, el equipo de Haddad promete entregar la reglamentación completa, incluyendo las reglas de emisión de las licencias estatales para que no canibalicen las federales.

Además, existe la preocupación de crear un sistema de inspección capaz de frenar los intentos de fraude fiscal, como la apuesta con una licencia local que permite apostar en juegos del resto del país. En Río, por ejemplo, el sistema Loterj sólo exige una declaración del apostante sobre su domicilio.

Tras años de operar en una zona gris, las empresas y la sociedad brasileñas esperan con urgencia una definición clara y definitiva de lo que se aplicará. El número de empresas que respondieron a la llamada de interés de Fazenda (134) demuestra que el mercado ya no quiere permanecer fuera del campo legal. Según Hacienda, las loterías estatales pueden operar en la misma liga, pero aún no se han definido los límites. En consecuencia, los que entraron en el juego antes de que rodara la pelota con las nuevas reglas corren el riesgo de quedar excluidos.

Por Adriana Ferraz