El diputado Andrés Celis ofició al Ministerio de Hacienda para que inicie el proceso de remoción de la Superintendenta de Casinos de Juego, Vivién Villagrán Acuña, debido a la ineficiencia en su rol fiscalizador. Además, emplazó a la autoridad a poner su cargo a disposición, señalando que la falta de control ha permitido irregularidades que afectan la transparencia y el correcto funcionamiento del sector.

A su vez, el parlamentario enviará un nuevo oficio al Ministerio de Hacienda exigiendo explicaciones sobre la falta de fiscalización en el registro y monitoreo de las operaciones de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en casinos. Esto, luego de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) reconociera que estos recintos no están obligados a reportar todas las transacciones, sino solo las sospechosas.

Graves fallas en la fiscalización y posible uso de fondos públicos en casinos

El diputado Celis, querellante en el “Caso Monsalve”, explicó que estas acciones surgen tras la investigación al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien utilizó más de $847 millones en gastos reservados durante su gestión y cuya afición por el juego en casinos ha sido mencionada en testimonios. El diputado había solicitado previamente a la UAF información sobre los registros de PEP en cinco casinos entre 2015 y 2024, pero la respuesta de la entidad evidenció vacíos normativos.

“La UAF admitió que los casinos no tienen la obligación de reportar a todas las personas expuestas políticamente, sino solo en casos de operaciones sospechosas. Esto es inaceptable, porque un alto funcionario podría haber usado fondos públicos en el casino sin que nadie lo advirtiera”, cuestionó el diputado.

Celis Montt subrayó que, al depender la UAF del Ministerio de Hacienda, es esta cartera la que debe responder por las falencias en la fiscalización. “Aquí hay responsabilidades políticas y administrativas que deben ser aclaradas. No puede ser que un subsecretario maneje gastos reservados, existan indicios de que los usó en casinos, y que el Estado no tenga las herramientas para detectarlo”, agregó.

El oficio a Hacienda también incluirá una solicitud de revisión de los mecanismos de control y coordinación entre la UAF y la Superintendencia de Casinos de Juegos, con el fin de determinar si se requieren ajustes legales para corregir las brechas detectadas. “La UAF reconoce que el sistema tiene fallas y que podría haber irregularidades en el uso de dinero en los casinos. Si esto no se corrige, estamos dejando un espacio abierto para el uso indebido de fondos públicos sin supervisión efectiva”, aseguró el diputado.

Inoperancia de la Superintendencia de Casinos y exigencia de renuncia de su titular

El diputado Celis también criticó duramente la falta de fiscalización por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), que, en respuesta a un oficio previo del parlamentario, reconoció un bajo número de fiscalizaciones en los últimos años. Para el diputado, esto confirma una inaceptable falta de diligencia.

“El oficio de la Superintendencia confirma lo que hemos venido denunciando hace tiempo: una inoperancia absoluta en su rol de fiscalización. Es inaceptable que un organismo encargado de velar por la transparencia y el buen funcionamiento de la industria del juego haya realizado tan pocas fiscalizaciones. Esto abre la puerta a irregularidades y pone en duda la eficacia del sistema de control que debe garantizar el Estado”, sostuvo el parlamentario.

Agregó que, considerando el rol crucial de la SCJ en la regulación de la industria, la falta de fiscalización efectiva genera un caldo de cultivo para la irregularidad, algo que es responsabilidad directa de la Superintendenta. “No estamos hablando de un tema menor. En una industria con enormes flujos de dinero, el Estado debe garantizar que las reglas se cumplan. Sin fiscalización efectiva, la irregularidad se vuelve posible, y eso es responsabilidad directa de la Superintendenta”, afirmó.

Por estas razones, el diputado Andrés Celis solicitó al Ministerio de Hacienda iniciar el proceso de remoción de Villagrán Acuña y adoptar medidas para fortalecer la fiscalización del sector. “No basta con cuestionar la gestión, hay que tomar decisiones concretas. La Superintendenta debe dar un paso al costado, y el Ministerio de Hacienda tiene que asumir su rol y actuar. La inoperancia no puede ser la norma en un organismo de esta importancia”, finalizó.