En 2025, la falta de una norma federal clara coloca al Estado frente a un desafío de escala: diseñar una ley nacional que coordine criterios, provea seguridad jurídica y evite la proliferación de plataformas fuera del marco regulado.

Panorama provincial vs. iniciativa nacional

En varias jurisdicciones, la regulación del juego online ya está en marcha. En Buenos Aires, se exige rigurosidad en la concesión de licencias, controles estrictos y derechos impositivos provinciales. En Córdoba, se aprobó una ley que permite operar casinos online siempre que permanezcan bajo supervisión estatal.

Sin embargo, la diversidad normativa de provincia a provincia obliga a los operadores que cumplen requisitos en un distrito a modificar sus plataformas para entrar en otros. Esta situación genera costos adicionales y complejidad operativa, advierten fuentes parlamentarias.

A su vez, el mapa de regulaciones continúa ampliándose: AIM constató que en 2025 se propone la obligación de validación biométrica de identidad, controles sobre publicidad digital y cambios en las tasas impositivas para plataformas del sector.

El Congreso busca consenso nacional

El proyecto del Senado S-1116/2025 —que busca regular apuestas online y prohibir su publicidad indiscriminada— se encuentra en debate. Según fuentes parlamentarias, los asesores de distintas comisiones trabajan para consolidar un solo dictamen antes de fin de año.

El proyecto, al que tuvo acceso AIM y que obtuvo media sanción en Diputados, incluye prohibiciones sobre publicidad, patrocinios y bonos de bienvenida, además de establecer mecanismos biométricos para asegurar que menores de 18 años no accedan a plataformas de juego.

Asimismo, se estudiarán sanciones cuantiosas y multas graduales para quienes infrinjan las normas.

En la comisión conjunta del Senado participaron representantes de entidades deportivas. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por ejemplo, alertó sobre las implicancias de restringir el patrocinio en clubes: fuentes parlamentarias señalan que advirtieron que una prohibición absoluta pondría en riesgo ingresos esenciales de instituciones deportivas.

Desafíos estructurales en el debate regulatorio

Equilibrio entre regulación y libertad económica. El texto debe conciliar los derechos de los operadores con mecanismos de protección al jugador y mecanismos de prevención de fraudes.

Fragmentación normativa. La regulación provincial genera “jurisdicciones distintas” que encarece los procesos para plataformas con alcance nacional.

Publicidad y acceso de menores. Se discute prohibir la promoción de apuestas en medios de comunicación, redes sociales, estadios y en eventos públicos.

Cumplimiento y supervisión federal. La ley nacional prevé crear un organismo regulador capaz de fiscalizar todas las plataformas.

Sanciones disuasivas. Se propone que las multas sean importantes y graduales, combinadas con responsabilidades penales en casos graves.

La regulación del juego online 2025 representa un punto de inflexión: si logra consenso, será la primera ley nacional que reduzca la dispersión normativa entre provincias y establezca un esquema regulatorio moderno. Si no, el sistema seguirá con grietas, lo que favorece el crecimiento del juego ilegal y la vulnerabilidad de usuarios.