El proyecto de ley fiscal 2019 para la provincia de Buenos Aires que pretende legalizar las apuestas online podría convertirse en un paso clave para avanzar a nivel nacional con la regulación de un fenómeno global imparable que, según se estima, mueve aproximadamente unos 1500 millones de dólares anuales. La propuesta ya genera una gran expectativa tanto en operadores locales como en plataformas offshore dedicadas al juego en línea, a la vez que suma reparos desde la oposición y actores propios del negocio.

"En la actualidad hay más de 15 páginas que operan evadiendo impuestos y, por lo tanto, los ingresos no llegan nunca a causas sociales", argumentan desde un despacho cercano a la gobernadora María Eugenia Vidal para justificar la necesidad de contar con un marco legal para este rubro, pese a la prédica de la gobernadora a favor de la reducción paulatina del juego en el ámbito bonaerense.

En nuestro país sólo seis distritos, Misiones, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos y San Luis, cuentan con una ley en ese sentido que permite no sólo controlar y limitar el negocio de las apuestas sino que contribuye a aumentar el gasto social proveniente del las ganancias derivadas del juego, tal como lo establece la Constitución Nacional.

"Hay una gran expectativa, las empresas esperan que la regulación se extienda a nivel nacional para poder ofrecer sus productos y servicios no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el territorio argentino", señala Juan Ignacio Juanena, fundador de la consultora iGaming Latam Consulting.

En Latinoamérica, el primer país en regular la industria del juego online fue Colombia. A un año de su implementación, ya hay más de 870.000 jugadores registrados en las plataformas autorizadas, con una proyección de crecimiento del 270% y valores apostados cercanos a los 112 millones de dólares.

La oferta de la plaza online es cada vez más profusa: William Hill, Betfair, 1Xbet, Rivalo, PokerStars, Bewin, Betcris, Zuryk, Betway y Bet365, son algunas de las más conocidas cuya penetración en el mercado argentino se ve favorecida por los vacíos legales. Mientras que las casas de apuestas nacionales, como Spingol.com, encuentran trabas en la Justicia, muchas veces difíciles de materializar debido a la imposibilidad de desconectar los servidores en un determinado ámbito regional.

La semana pasada, por caso, el gobierno de Córdoba ordenó el bloqueo del sitio PokerStars. La Justicia de esa provincia consideró que las empresas que ofrecen este tipo de servicios operan de manera ilegal, a partir de una denuncia penal de la Lotería por organizar y promover juegos de apuestas sin contar con la autorización correspondiente.

"Se logró demostrar con pruebas contundentes que los sitios de apuestas realizan conductas tipificadas en el art. 31 bis del Código Penal, delito que tiene una pena que va desde los 3 a los 6 años de prisión", justificó entonces a través de un comunicado la Lotería cordobesa.

En el caso del proyecto que ya se debate en Buenos Aires, establece la posibilidad de firmar convenios con otras provincias en la búsqueda de la uniformidad de criterios a la hora de regular el funcionamiento de este tipo de plataformas de apuestas.

El Estado licitará alrededor de siete licencias que tendrán como fin:

Obtener nuevas utilidades con un objetivo social, igual que sucede con el resto de los juegos que hoy se encuentran regulados.

Controlar online a todos los jugadores y apostadores, haciendo foco en el juego responsable para contrarrestar, además, el juego ilegal y sus derivados, como lavado de activos y evasión de impuestos.

La ley dará también una rigurosa protección a los jugadores propensos a la ludopatía, incluso en algunos casos con herramientas más certeras que las que funcionan actualmente debido al nivel de tecnología 3.0 que se implementará.

La norma que impulsa Vidal ya chocó con los reparos de algunos sectores de la oposición, que creen ver detrás de esta avanzada un andamiaje para favorecer a empresarios del juego cercanos al macrismo, como el propio presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, ligado al negocio de los bingos.

"La ley especifica que no se otorgarán licencias a ningún nombre asociado a clubes de fútbol", intentó despejar de sospechas un funcionario bonaerense que sigue de cerca el impulso a esta norma, y no descarta que empresas como Boldt, Codere y Microgaming se interesen por la propuesta.

Informe

En tanto, legisladores del Frente Renovador -uno de los sectores con los que el oficialismo bonaerense se ve obligado a negociar la ley de Presupuesto-, exigen que lo referente al juego sea tratado por fuera de la ley de gasto y piden, a la vez, que sea el propio titular de Loterías y Casinos, Matías Lanusse, quien concurra a la Legislatura para brindar mayores detalles sobre el proyecto. En rigor, atan esa demanda a la falta de precisiones sobre el tema que tuvo el ministro de Economía, Hernán Lacunza, en su paso por la Comisión de Presupuesto e Impuestos días atrás.

La regulación busca generar un marco de transparencia en los procesos de licitación de los dominios de juego online, en línea con el proceso de administración de las máquinas tragamonedas de casinos que se realizó el último año en la provincia.

Además, se requerirá una batería de elementos a los operadores para tener un mayor control online que permita monitorear minuto a minuto a los jugadores, en tiempo real, evitando así el juego compulsivo.

Por último, se trabajará a nivel nacional contra las páginas ilegales creando listas negras de dominios bajo una importante estructura tecnológica de control.