La Corte Constitucional se niega a una consulta popular para el retorno de casinos a Ecuador

La iniciativa la presentó Marco Vinicio Harb el 8 de enero pasado. Plantea que se consulte a la ciudadanía si se “está de acuerdo en que se elimine el artículo 236 de COIP para que se despenalice el funcionamiento de casinos, salas de juego y casas de apuestas”.

En el artículo 236 de esa normativa se establece que “la persona que administre, ponga en funcionamiento o establezca casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. La pregunta incluye que este tipo de establecimientos deberán ser “correctamente regulados por el estado ecuatoriano y las leyes pertinentes”. La CC ya se ha pronunciado sobre el regreso de los casinos en el país.

El 19 de septiembre del 2019, el máximo órgano de interpretación constitucional del país no dio paso a una iniciativa de consulta sobre el regreso de estos establecimientos en la provincia de Santa Elena. En esa ocasión, la CC argumentó que “autorizar el funcionamiento de casinos, casas de apuesta y salas de juego en el cantón Salinas, a través de una consulta popular local, excede las prohibiciones establecidas en la normativa nacional”.

El dictamen también estableció que “de ser aceptada y obtener resultados favorables, implicaría que estos sean jurídicamente inejecutables; o significaría modificar disposiciones generales de alcance nacional”.

Ese dictamen se expidió en relación a los pedios de Fernando Vargas, presidente de la Corporación Provincia de Santa Elena Competitiva, y de Daniel Cisnerosdel, alcalde de Salinas. Sin embargo, estos procesos centraban su pregunta en el retorno de esas actividades, sin abordar el artículo del COIP, como ahora lo plantea Harb.

Además de este pedido de consulta, la CC tratará otro proceso sobre la modificación del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. El objetivo de esa consulta es cambiar la conformación del Consejo Directivo del IESS. La sugerencia es que esa instancia esté integrada por un representante del Ejecutivo, uno de los empleadores, uno de los jubilados y dos de los asegurados.