La Suprema Corte de Justicia de Mendoza salvó a tres ex funcionarios del Instituto Provincial de Juegos y Casino (IPJyC) de pagar una millonaria sanción que había sido impuesta por el Tribunal de Cuentas. Se trata de Carlos Bianchinelli, expresidente del Casino provincial durante la última gestión peronista, y los ex directores del organismo Federico Domínguez y Miguel Bondino, a quienes el órgano de control les había impuesto un cargo solidario por casi 3 millones de pesos, que debían devolver a las arcas estatales.

Los jueces Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro admitieron una demanda impulsada por estos tres ex funcionarios y anularon el cargo solidario por casi 3 millones de pesos que el Tribunal de Cuentas había resuelto en el Fallo N° 16.776, por irregularidades observadas durante la gestión del Casino en el año 2014.

Bianchinelli, Domínguez y Bondino se desempeñaron como autoridades del IPJyC durante la gestión del gobernador Francisco “Paco” Pérez. Posteriormente, Bianchinelli y Bondino fueron diputados provinciales, el primero en representación del peronismo y el segundo integrando la bancada de la UCR.

Estos tres ex funcionarios fueron sancionados a través de una serie de fallos del Tribunal de Cuentas por irregularidades en el contrato de una empresa de limpieza a la que se le abonaron servicios que no cumplió, entre otras falencias observadas por el órgano de control.

La empresa contratada era Masterfull, que tenía a cargo la limpieza del Casino y a la que se le abonaron “horas hombre” incumplidas, además del pago por el supuesto uso de tecnología que, según los auditores, tampoco había aportado.

El Tribunal de Cuentas emitió varios fallos respecto a estas irregularidades e impuso sanciones millonarias en ese entonces. Posteriormente, los funcionarios apelaron ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia y solicitaron la nulidad de los cargos impuestos.

El máximo tribunal provincial salvó en otras oportunidades a estos funcionarios y este miércoles se publicó una nueva sentencia anulando un fallo de mayo de 2017, a través del cual el Tribunal de Cuentas impuso un cargo a estos tres ex funcionarios del IPJyC.

El órgano de control les impuso un cargo en forma solidaria de $2.913.292,67 por su gestión durante el año 2014 con el siguiente límite individual: a Bianchinelli hasta $1.871.940,04; a Domínguez hasta $1.591.587,99; y a Bondino hasta $669.500,49.

Ese fallo extendía las observaciones realizadas sobre los pagos del servicio de limpieza y las horas abonadas sin la efectiva acreditación de la prestación del servicio. Concretamente se les imputó a los tres ex funcionarios una irregularidad en la contratación del servicio de limpieza durante los meses de enero a noviembre de 2014, consistente en no haber justificado “horas hombre” que fueron abonadas y que excedían la cantidad de horas posibles que podría haber prestado el personal afectado al servicio.

La Corte anuló las sanciones

Bianchinelli, Domínguez y Bondino interpusieron una acción procesal administrativa solicitando que se anule el fallo del Tribunal de Cuentas que los había emplazado a devolver casi 3 millones de pesos en forma solidaria. El caso cayó en manos de la entonces Sala Segunda de la Suprema Corte, integrada por los ministros Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro.

Los jueces argumentaron que “en los períodos en los que se formuló cargo a los actores el servicio se prestó de modo efectivo –circunstancia no discutida en la causa–, no encontrándose vigente ningún tipo de contratación que determinara pautas y condiciones a seguir por la prestataria y en consecuencia, a exigir por el IPJC y en su caso por el organismo de control, a los fines del pago de las facturas”.

Por otro lado, expresaron en la sentencia que “el cargo impuesto por los periodos señalados no se corresponde con los hechos acreditados a su respecto”. En este sentido, consideraron que “el acto administrativo impugnado se encuentra gravemente viciado, correspondiendo por eso declarar su nulidad respecto de los accionantes en este proceso”.

Los fundamentos fueron liderados por el juez Omar Palermo y adhirieron a la postura sus colegas José Valerio y Mario Adaro.

Los magistrados admitieron la demanda interpuesta por Bianchinelli, Domínguez y Bondino y anularon la sanción de cargo solidario que les había impuesto el Tribunal de Cuentas a través del Fallo N° 16.776.

De esta manera, los ex funcionarios del Casino provincial no deberán pagar la millonaria sanción que pesaba sobre ellos.