Según se dispone en un borrador de la reforma contributiva al que tuvo acceso El Nuevo Día, serán 25,000 las máquinas que podrán operar durante el primer año de vigencia de la ley.
Luego de ese primer año, la División de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) podría aumentar la cantidad a 10,000 por años hasta llegar a 45,000 “si concluye, previo estudio, que no existe una saturación del mercado de máquinas de juegos de azar, el cual tendrá que considerar el impacto económico de los casinos ubicados en hoteles”.
Se dispone en la sección 129 de la reforma contributiva la autorización a la introducción, manufactura, posesión, uso, funcionamiento, instalación y operación de máquinas de juegos de azar en negocios en Puerto Rico. Se define como negocio, al permitir la operación de estas máquinas fuera de los casinos, a un local o establecimiento autorizado por la Oficina de Gerencia de Permisos Estatal o Municipal a realizar toda aquella operación comercial de venta al detal de productos o servicios.
En el texto de la sección, sin embargo, se prohíben los casinos fuera de los hoteles, al disponer que estas máquinas no podrían representar “ni el único, ni el mayor ingreso de la actividad comercial del establecimiento”. Se vislumbra que los ingresos serán un “complemento” y no la fuente principal del establecimiento.
Según el texto del borrador de proyecto de ley, todas las máquinas serán licenciadas y fiscalizadas por la CTPR y estarán conectadas a un sistema manejado por la CTPR.
El lenguaje propuesto establece que una vez convertida en ley, la CTPR deberá confeccionar un reglamento dentro de 60 días para delinear el orden de prioridad en la otorgación de las licencias de máquinas de juegos de azar. Ese reglamento deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
El borrador sostiene que tendrán “prioridad” durante los primeros tres meses de vigencia del reglamento las empresas o individuos con licencias vigentes de máquinas de vídeo o juegos electrónicos o empresas o individuos con licencias de máquinas de entretenimiento para adultos.
El Departamento de Hacienda tendrá 30 días a partir de la aprobación de la ley para certificar las licencias vigentes de máquinas de entretenimiento para adultos en el 2018.
Previo a la otorgación de cualquier licencia, la División de Juegos de Azar de la CTPR hará una investigación al dueño de máquina independiente o al dueño mayorista de las máquinas. Se tomará en cuenta, según el texto del borrador, la capacidad financiera del solicitante, el historial penal, si tiene deudas con el Estado y tendrá que divulgar sus socios o inversionistas.
El costo de la cada licencia o renovación será de $50,000 y ningún individuo podría ostentar más de 500 máquinas de juegos de azar. Todas tendrán que tener pegados un marbete. El cargo por procesamiento de la licencia será de $500 y será acreditado al solicitante de ser aprobado.
Con la legislación se busca limitar a 10 máquinas por negocio y cada pantalla se considerará una máquina de juegos de azar. Los negocios autorizados deberán estar a no menos de 100 metro lineales de una escuela pública o privado y/o una iglesia o congregación. Tendrán que ubicarse también a no menos de 1,200 metros lineales de un hotel con casino.
No podrán estar instaladas las máquinas en el exterior de negocios y se fijará en $1,000 el límite máximo por premio. Los ingresos de las máquinas serán repartidos entre 31% para la CTPR, 30% para los dueños de los negocios, 33% para el mayorista de las máquinas y 6% para un fondo que se describe como el “mantenimiento y constante desarrollo” de requisitos de tecnología”.
La propuesta establece que los créditos a los jugadores representarán, como mínimo, el 83% de los ingresos generados por cada máquina.
Se busca prohibir que cualquier dueño de negocio o de máquina independiente o mayoría de máquinas de este tipo se anuncie de forma tal que promoción que en su negocio hay máquinas de juegos de azar.
Ayer se reiteró en La Fortaleza que los recaudos por la venta o renovación de las licencias serán repartidos entre el Fondo General, los municipios y un pote especial para las pensiones de policías.
