Sancionada a finales de 2024 y en vigor desde el 1.º de enero de 2025, la Ley 14.790/2023 —conocida como la “Ley de las Bets”— transformó de manera profunda el mercado brasileño de iGaming. En solo doce meses, las apuestas en línea dejaron la denominada “zona gris” legal para operar dentro de un marco regulatorio definido, bajo autorización del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF).

El nuevo entorno regulado aportó mayor seguridad jurídica a las plataformas licenciadas y reforzó el papel del sector del juego dentro de la economía formal, al tiempo que incrementó el escrutinio público sobre sus impactos sociales y financieros.

Qué cambió con la regulación

Con la nueva legislación, las casas de apuestas deben cumplir una serie de requisitos para operar legalmente en Brasil. Entre ellos se encuentran el pago de una tasa de licencia de 30 millones de reales, válida por cinco años, la tributación del 18 % sobre el gross gaming revenue (GGR) y el pago de tasas de fiscalización mensuales que pueden alcanzar los 2 millones de reales.

La ley también introdujo mecanismos de control más estrictos, como el uso obligatorio del CPF y la verificación de identidad —incluida la biometría facial—, la prohibición del uso de tarjetas de crédito, boletas bancarias y criptomonedas, y la centralización de los pagos a través de Pix mediante instituciones autorizadas por el Banco Central. Asimismo, se volvieron obligatorias las herramientas de juego responsable, como límites de depósito, control del tiempo de juego y autoexclusión.

Impacto económico y crecimiento de usuarios

Los efectos económicos de la regulación fueron inmediatos. Según datos del Ministerio de Hacienda, las casas de apuestas generaron cerca de 32.000 millones de reales en 2025. La Receita Federal indica que ese volumen financiero resultó en una recaudación superior a los 8.000 millones de reales, destinados constitucionalmente a áreas como educación, seguridad pública y deporte.

El alcance del sector también creció de forma acelerada. Un relevamiento de la Confederación Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) y del Servicio de Protección al Crédito (SPC) señala que alrededor de 40 millones de brasileños ya realizaron al menos una apuesta, de los cuales se estima que unos 25 millones son apostadores regulares. Al mismo tiempo, datos oficiales muestran que más de 200.000 personas están registradas en la Plataforma Centralizada de Autoexclusión del Ministerio de Hacienda, lo que subraya la importancia de las políticas de juego responsable en el debate regulatorio.

Apuestas, patrocinios y fútbol

Entre los sectores más impactados por la consolidación de las bets se encuentra el fútbol. En 2025, los clubes de la primera división del Campeonato Brasileño recibieron más de 1.000 millones de reales en patrocinios de casas de apuestas. Para 2026, la tendencia es que este nivel se mantenga, ya que al menos 15 de los 20 equipos que disputan la competición cuentan con acuerdos comerciales con plataformas del sector.

Paralelamente, el crecimiento de las apuestas deportivas reforzó la atención sobre la integridad de las competiciones. En 2025, el Gobierno Federal creó el Grupo de Trabajo de la Política Nacional de Combate a la Manipulación de Resultados Deportivos, con el objetivo de prevenir fraudes y preservar la credibilidad del deporte.

Fiscalización, mercado ilegal y próximos pasos

A pesar de los avances, el sector del juego entra en 2026 enfrentando desafíos estructurales. La fiscalización de los flujos de pago por parte del Banco Central sigue siendo una prioridad para el gobierno, una preocupación que ya había sido señalada públicamente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Otro punto clave es el fortalecimiento de las herramientas de juego responsable para mitigar los daños sociales asociados a las apuestas.

El combate al mercado clandestino también permanece en el centro de la agenda. Las estimaciones indican que los sitios no licenciados mueven hasta 10.000 millones de reales al año en Brasil, sin pagar impuestos ni ofrecer protección al consumidor, lo que amenaza la sostenibilidad del mercado regulado.

En el horizonte regulatorio, la atención se centra ahora en el Proyecto de Ley 2.234/2022. Mientras que los casinos en línea ya están regulados como “juego virtual”, la legalización de los casinos físicos, los bingos y el tradicional jogo do bicho aún aguarda definiciones finales en el Senado. El desenlace de este proyecto es visto por la industria como el próximo gran capítulo del sector del juego en Brasil.