Las Cortes instan a la Junta a ampliar la distancia entre casas de apuestas y centros educativos en Castilla y León

Ampliar a 500 metros la distancia de los centros educativos a la que pueden instalarse salas de juego y apuestas y también que éstas no se aproximen entre sí a menos de mil. Es el mandato que las Cortes de Castilla y León lanza a la Junta tras la aprobación este martes de una proposición no de ley presentada por los socialistas y que ha contado con los únicos votos en contra del PP y la abstención de Vox.

La propuesta llegaba por segunda vez a las Cortes en cuestión de meses. Y es que se trata de una iniciativa que el PSOE ya había llevado al Parlamento en forma de enmienda cuando fue abordado en el Hemiciclo en marzo el Proyecto de Ley de modificación de la Ley Reguladora del Juego y las Apuestas de Castilla y León. Entonces, no triunfó, -«no hicieron caso a nadie. Ni a los grupos, ni al tercer sector ni a colectivos», reprochan los socialistas-. Pero a la segunda ha ido la vencida, con un giro -a medias- en forma de abstención de Vox, que reconoce que las medidas aprobadas entonces «podrían haber sido más ambiciosas».

Así, el Parlamento por mayoría de «síes» ha acordado instar al Ejecutivo a la tramitación de un nuevo proyecto de ley que modifique la normativa sobre el juego «incorporando medidas más restrictivas». El texto de la PNL apunta, además de la ampliación de las actuales distancias a los colegios y entre este tipo de locales con los centros escolares -de 150 metros-, a establecer nuevas limitaciones en relación a la proximidad de instalaciones deportivas, dotaciones culturales, centros cívicos y locales sociales.

Tan solo unos meses después de su aprobación la oposición propone una nueva reforma de una normativa que en la bancada socialista entiende que «ha favorecido la proliferación en barrios con menor renta per cápita» en un contexto en el que la «adicción al juego va en aumento y necesitamos una norma que verdaderamente protejan«, señalaba la procuradora Yolanda Sacristán, que ponía sobre la mesa la unanimidad que se dio en 2020 en el Ayuntamiento de Burgos para no permitir estos locales en zonas de uso predominantemente residencial. Una propuesta que «se encontró con la oposición de la Junta».

«No tenían competencia administrativa para hacerlo» en el Ayuntamiento burgalés , ha replicado, por su parte, el popular Francisco Javier Carpio, que ha señalado que al PSOE le «da igual» la distancia a la que se ponen las casas de apuestas« y que si hubiera sido mayor la acordada, »habrían pedido más«. «El problema quizás no esté en la ley autonómica sino en la nacional. Un vendedor de la ONCE se pone a 100 metros» de un centro escolar ha señalado antes de defender como «moderna e integradora» la ley reformada hace unos meses.

Pero se han quedado solos los populares en el respaldo absoluto a la misma, aprobada cuando PP y Vox compartían aún un Gobierno de coalición. Así, los de Santiago Abascal han reconocido que «las medidas posiblemente podrían haber sido más ambiciosas». Sin embargo, sin argumento en contra de la propuesta concreta, la procuradora Susana Suárez Villagrá ha sentenciado que «en el momento que son palmeros de Moncloa no son precisamente de fiar» en relación al Grupo Socialista. De ahí, la abstención.

El resto de formaciones han dado su apoyo. Así, Francisco Igea (ex de Ciudadanos) y Pablo Fernández (Podemos) han mostrado su respaldo a la PNL como ya hicieran en su día con la enmienda socialista y han acusado a la Junta de «clientelismo», como así ha señalado el primero de ellos, antes de mostrar su rechazo a la liberación en 2023 de las máquinas tragaperras. «¿A quién beneficia? Al empresario», ha señalado. Mientras el portavoz nacional de la formación morada ha tachado de «auténtica vergüenza» que «en vez de poner coto a las casas de apuestas, hacen lo contrario, les ponen una alfombra roja» y «proliferan como setas», ha afirmado desde la bancada del Grupo Mixto en la que también ha contado la iniciativa con el apoyo de Por Ávila.

Desde el Grupo UPL-Soria ¡Ya!, la leonesista Alicia Gallego ha lamentado en la misma línea que «se protege más a la empresa privada que a los que pueden resultar afectados por una adicción tan fuerte». Además de respaldar la ampliación de la distancia con centros escolares -«no se puede utilizar la hora del recreo para generar una adicciones»-, ha puesto sobre la mesa que se prohíban estos locales en el medio rural -municipios de menos de 10.000-. «Hay pueblos sin centro escolar y y con sala de juego».