Durante la exposición, Iturbide brindó un panorama preocupante sobre la proliferación del juego ilegal en plataformas digitales. Informó que la mayoría de las denuncias vinculadas a Juegos y Casinos refieren a apuestas realizadas en sitios no habilitados, y remarcó que la mayoría se canalizan a través del Instituto de Juegos y Casinos, más que por el Ministerio Público Fiscal.

Según indicó, la Ley provincial vigente desde 2020 establece que el control del juego online recae sobre dicho Instituto. Sin embargo, resaltó que las investigaciones y las condenas judiciales cumplen un rol fundamental para disuadir estas prácticas.

El funcionario también puso énfasis en la necesidad de contar con mayor colaboración de las plataformas digitales, las cuales —afirmó— poseen información sensible que puede ser clave en las investigaciones. Mencionó como ejemplo el convenio internacional NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), mediante el cual las prestadoras de internet deben informar inmediatamente sobre contenidos vinculados a pornografía infantil, lo que ha derivado en numerosas condenas a nivel global y nacional. Según explicó, un esquema similar podría aplicarse para los casos de juego ilegal, especialmente cuando involucran a menores.

Iturbide señaló que estas plataformas son capaces de detectar si un usuario es menor de edad y, sin embargo, permiten su acceso. Consideró indispensable aplicar normativas que obliguen a reportar estos casos, y resaltó que existe un proyecto de ley a nivel nacional que propone agravar las penas cuando se compruebe que los jugadores son menores.

A lo largo del encuentro, se insistió en la necesidad de un enfoque interdisciplinario para abordar esta problemática, involucrando a la Dirección General de Escuelas y fortaleciendo las campañas de concientización. El fiscal alertó que muchos menores acceden a estas plataformas con los datos de tarjetas de crédito de sus padres, pese a que las propias aplicaciones detectan desde el inicio que se trata de usuarios no autorizados.

En cuanto a las denuncias, explicó que, si bien el Ministerio Público Fiscal recibe casos vinculados al juego ilegal, la mayoría de las investigaciones activas provienen del Instituto de Juegos y Casinos. Remarcó que una parte significativa del juego online es clandestino, y que en la mayoría de los casos las investigaciones solo alcanzan el bloqueo de perfiles o sitios, salvo excepciones donde se logra avanzar hacia la identificación de responsables y desarticulación de redes.

También se abordó la problemática de la interjurisdiccionalidad. Muchas plataformas no están radicadas en la provincia, lo que complica las investigaciones. Aun así, desde la fiscalía se sostiene que, si el delito se comete y afecta a ciudadanos de Mendoza, corresponde avanzar con las causas.

Durante la ronda de consultas, los legisladores se interiorizaron sobre aspectos técnicos de la investigación digital. Iturbide explicó que la página del Ministerio Público Fiscal está habilitada desde hace tiempo para recibir denuncias y que actualmente se trabaja en mejorar los formularios para facilitar y optimizar la información que ingresa. Aclaró que muchas veces las denuncias que llegan por hackeo de cuentas o juegos ilegales son muy escuetas y requieren múltiples comunicaciones para completarlas.

El funcionario detalló que las investigaciones se enfocan en identificar perfiles en redes sociales, verificar si los usuarios se encuentran en Mendoza mediante la geolocalización de IP y, cuando es posible, avanzar hacia allanamientos para identificar dispositivos y recolectar pruebas forenses. Destacó que este tipo de investigaciones han derivado en condenas en otras provincias, lo que demuestra su efectividad.

En relación a la colaboración con empresas tecnológicas, comentó que se logró un acuerdo con ALEA (la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos estatales de Argentina), organismo nacional del juego, que permite bloquear perfiles vinculados al juego ilegal en un plazo aproximado de 48 horas. También existe un convenio con ENACOM que posibilita el bloqueo de páginas web ilegales en 72 horas.

Finalmente, el fiscal reconoció que, si bien no existen estadísticas precisas sobre cuántos menores están involucrados en estas prácticas, se estima que el número podría ser elevado, teniendo en cuenta el alto porcentaje de juego clandestino en la provincia.

La reunión concluyó con el compromiso de seguir avanzando en acciones conjuntas desde la Legislatura, el Ministerio Público Fiscal y los organismos competentes, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable frente al avance del juego ilegal en entornos digitales.