La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público a favor del exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Arturo Chalas Guerrero, luego de que este devolviera RD$20 millones al Estado dominicano y ofreciera una colaboración considerada eficaz en el proceso judicial que se le seguía.

Con esta decisión, la magistrada declaró la extinción de la acción penal en beneficio de Chalas Guerrero, sustentándose en los artículos 370, numeral 6, y 44, numeral 6, del Código Procesal Penal, dejándolo libre de responsabilidad penal dentro de este caso.

El acuerdo

Como parte del acuerdo, también fueron entregados RD$3 millones correspondientes al valor estimado de dos vehículos de alta gama: un Audi Q7, año 2014, y un Volvo XC90 Momentum T5, año 2019, ambos de color negro. Tanto el dinero como los bienes fueron depositados en la cuenta PGR-Incautaciones Pepca, conforme al inventario presentado por el órgano acusador.

En consecuencia, el tribunal ordenó el levantamiento de todas las medidas de coerción impuestas contra el imputado, incluyendo el impedimento de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades.

Durante su comparecencia, Chalas Guerrero admitió ante el tribunal que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, tenía conocimiento de los cobros realizados a bancas que operaban de manera irregular. Indicó que incluso conversó con el entonces funcionario sobre la necesidad de desmantelar esa “estructura mafiosa”, iniciativa que en un principio fue aceptada.

No obstante, explicó que tras una reducción en las recaudaciones, Donald Guerrero habría ordenado restablecer el esquema anterior. Según su testimonio, a las bancas ilegales se les cobraban montos mensuales que oscilaban entre RD$3,000 y RD$6,500 para permitirles continuar operando, aunque aseguró desconocer el total recaudado debido a la gran cantidad de negocios involucrados.

El Ministerio Público reiteró que los criterios de oportunidad son una herramienta legal orientada a la recuperación de fondos públicos y al desmantelamiento de redes de corrupción, especialmente cuando la cooperación del imputado resulta clave para investigaciones de mayor alcance.

En este proceso también figuran como acusados el exministro y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo; el exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta; y el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, entre otros señalados como integrantes de una presunta estructura que habría sustraído miles de millones de pesos del erario público.