La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, desactivó una red de trece casinos ubicados en ocho estados del país tras detectar un complejo esquema de lavado de dinero oculto detrás de operaciones de entretenimiento y apuestas.

El análisis de las autoridades reveló que los casinos operaban con movimientos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas, lo que activó las alertas del sistema financiero. Como medida preventiva, los casinos fueron bloqueados y registrados en la lista de personas morales no autorizadas, protegiendo así a los usuarios y evitando posibles vínculos con el crimen organizado.

Los establecimientos investigados estaban ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, y mostraban patrones similares a las tipologías internacionales de lavado de activos. Entre las irregularidades detectadas destacan:

Movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.

Uso de plataformas digitales para dispersar fondos ilícitos y reincorporarlos al sistema financiero nacional e internacional.

Reclutamiento de personas con perfiles económicos modestos (amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados) que recibían tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida y, a cambio de un porcentaje, transferían los recursos a los beneficiarios reales simulando ganancias de juegos de azar.

La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó: “Con esos recursos la persona, a veces sin saberlo, realiza apuestas físicas o digitales; el sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe ni se entera”. El dinero era transferido inmediatamente al extranjero, redirigido a paraísos fiscales o reinvertido en nuevas apuestas para regresar a México con apariencia de legalidad.

El gobierno federal identificó tres patrones clave en la operación:

Uso intensivo de efectivo.

Redes transnacionales de traslado de capital.

Plataformas de pago digitales para ocultar el origen de los fondos.

Algunas transacciones superaban los 50 millones de pesos y se dirigían a empresas tecnológicas financieras en Estados Unidos y Europa.

Este esquema funcionaba como un circuito cerrado y repetitivo: se captaba a personas vulnerables o se usaba su identidad, se les enviaban tarjetas con fondos sospechosos, se registraban ganancias ficticias canalizadas al extranjero, y posteriormente las personas devolvían los recursos o actuaban como prestanombres, permitiendo repetir el proceso cientos de veces hasta que el dinero adquiría apariencia de legalidad.

Este método permitía fragmentar operaciones, borrar rastros de fondos ilegales y reintegrarlos al sistema financiero global, representando un desafío importante para las autoridades y la seguridad financiera del país.