Durante el Pleno de control, Álvarez-Castellanos formuló una pregunta directa al Gobierno autonómico: si el requisito de los 500 metros regirá o no cuando los operadores soliciten la renovación de sus autorizaciones. “Es una cuestión sencilla: sí o no”, insistió el parlamentario, quien remarcó que la aplicación plena del decreto tendría efectos inmediatos sobre el actual mapa de locales en la Región.

Debate jurídico y alcance regulatorio

Según expuso el diputado —en calidad de especialista y voz crítica en materia regulatoria—, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma ya habrían advertido que no es legal excluir las renovaciones del cumplimiento de nuevas exigencias normativas. “En cualquier procedimiento administrativo, cuando se renueva una licencia se aplican las condiciones vigentes en ese momento”, argumentó.

Desde su perspectiva, buena parte de los establecimientos de apuestas en la Región de Murcia operan en las inmediaciones de colegios e institutos, una concentración que, a su juicio, responde a una lógica comercial orientada a la proximidad con potenciales clientes jóvenes.

El dirigente de IU-Verdes fue más allá al señalar que, si el decreto se aprueba conforme a derecho y sin excepciones, “muchas casas de apuestas tienen los días contados”. En ese sentido, planteó que la clave no es técnica sino política: la decisión dependería de cuándo el Gobierno publique definitivamente la norma.

Por su parte, el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, evitó confirmar si se modificará la redacción del decreto y apeló a la necesidad de garantizar la “seguridad jurídica”. Sin embargo, la formación de izquierdas interpreta ese argumento como una estrategia para postergar la aplicación efectiva de la distancia mínima.

Impacto en el sector y protección de menores

El trasfondo del debate se vincula con el aumento de la preocupación social por la ludopatía juvenil y la exposición temprana al juego presencial. IU-Verdes sostiene que permitir la continuidad de locales junto a centros educativos contradice cualquier política de protección de menores.

En conclusión, Álvarez-Castellanos —desde una posición que combina análisis jurídico y crítica política— advirtió que la definición sobre las renovaciones marcará el futuro de decenas de operadores en la Región. “O se protege a la juventud o se protege a la patronal del juego”, resumió, subrayando que el Ejecutivo regional aún no ha dado una respuesta concluyente.