El control de acceso al juego en Navarra ha dado un paso decisivo este jueves 26 de marzo con la entrada en vigor de nuevas exigencias que obligan a identificar a todos los usuarios. Desde ahora, tanto en salones de juego y locales de apuestas como en bares con máquinas de apuestas deportivas, será imprescindible verificar la identidad, la mayoría de edad y la posible inclusión en el registro de personas autoprohibidas.

La medida llega un año después de la aprobación del Reglamento General de Juegos y Apuestas y culmina el proceso de adaptación tecnológica de las empresas, que han tenido que conectarse al sistema de interdicciones para validar a cada cliente. El Ejecutivo foral enmarca este avance en su estrategia para reforzar la protección de menores y colectivos vulnerables frente a la ludopatía.

En paralelo, la Policía Foral ha iniciado una campaña de inspección en establecimientos de hostelería, apelando también a la colaboración ciudadana. Desde ahora, el personal de admisión deberá realizar controles sistemáticos en cada acceso, mientras que las máquinas de apuestas en bares solo podrán activarse tras la identificación previa del usuario.

El cambio supone un giro relevante para el sector, ya que traslada a los operadores y a la hostelería funciones de verificación que antes no formaban parte de su actividad habitual. Esto implica mayores costes técnicos y operativos, además de una reducción del margen de gestión empresarial en favor de un modelo más supervisado.

La implementación de esta normativa no ha estado exenta de controversia. La patronal del juego ya recurrió en 2025 varios aspectos del reglamento, al considerar que endurecía significativamente las condiciones del mercado. Este escenario refleja que el debate no solo es social o sanitario, sino también jurídico y económico.

A fines de 2024, Navarra contaba con 65 establecimientos de juego autorizados y 1.274 locales de hostelería con permiso para operar máquinas, lo que evidencia el amplio alcance de la medida. Su impacto, por tanto, se extiende más allá del sector específico del juego, afectando a una red clave dentro de la economía cotidiana.

Aunque el Gobierno defiende la iniciativa como un paso firme contra la adicción al juego, persisten dudas sobre su eficacia real y sobre si el refuerzo del control administrativo es la vía más adecuada frente a otras estrategias centradas en la prevención y la educación. Con la norma ya en marcha, el foco pasa ahora a su aplicación efectiva y a su capacidad para reducir el acceso indebido sin generar una sobrecarga burocrática difícil de sostener.