La ACCJ decidió entregar una aclaración y contextualizar los hechos jurídicos y regulatorios para respaldar su punto y a “no inducir a error en la ciudadanía ni en los actores legislativos”.

Con respecto al cierre del caso penal, “la decisión del Ministerio Público de ‘no perseverar’ en una investigación penal específica no convierte a las plataformas de apuestas en línea en legales”, apuntaron.

“Simplemente indica que, en esta causa puntual, no se avanzará con una acusación penal. Esto no equivale a una autorización para operar, ni elimina la necesidad urgente de regular un mercado que hoy funciona sin controles”, afirmaron.

“Existen, además, otras causas activas —incluyendo investigaciones por delito tributario— que siguen su curso. La Corte Suprema, por su parte, ha rechazado solicitudes de sobreseimiento, lo que confirma que hay antecedentes suficientes para seguir investigando" indicaron.

“Chile merece reglas claras para todos”

La agrupación comentó que se ha erosionado la confianza ciudadana en estas plataformas debido a la existencia de investigaciones penales. A esto sumaron el vacío normativo, la promoción irrestricta en medios, el acceso sin barreras a menores de edad y la falta de controles sobre el origen de los fondos.

Esta situación se contrasta con el régimen estricto bajo el cual operan los casinos presenciales: licencias otorgadas por el Estado, fiscalización constante por la SCJ, control de identidad, planes de juego responsable y cumplimiento regulado ante la Unidad de Análisis Financiero.

Asimismo, como agrupación valoran que las plataformas online reconozcan la necesidad de una regulación. No obstante, los derechos deben ir acompañados de los mismos deberes que hoy asumen los operadores físicos: pagar impuestos en Chile, someterse a fiscalización, respetar normas de publicidad, proteger a menores y prevenir el lavado de activos.

La ACCJ comentó que mientras los casinos presenciales pagan impuestos, controlan el acceso a menores y enfrentan exigencias permanentes, las plataformas online operan sin licencias, sin tributar localmente y sin supervisión efectiva.

De igual forma, hicieron un llamado al Congreso y la institucionalidad de Chile a no permitir que quienes han operado sin reglas durante años, entren al mercado regulado en igualdad de condiciones con quienes sí han cumplido todas las exigencias del Estado. La ley debe premiar el cumplimiento, no la informalidad.

“Porque cuando se trata de juego legal, seguro y transparente, no hay espacio para atajos. Y Chile merece reglas claras para todos”, cerraron en el comunicado.