El Gobierno español ha anunciado un endurecimiento de la Ley del Juego con el objetivo de prevenir fraudes y eliminar por completo el uso de medios de pago anónimos en apuestas y juegos de azar. La nueva normativa obliga a que todos los jugadores utilicen exclusivamente métodos de pago que estén a su nombre y sean de su plena titularidad. Del mismo modo, las empresas del sector solo podrán aceptar “medios de pago nominativos y de titularidad del participante”.

Los operadores deberán comprobar de forma rigurosa que tarjetas bancarias, transferencias, monederos digitales o pagos móviles pertenecen realmente al jugador. Este control busca frenar casos de suplantación de identidad que, en muchos casos, solo se descubren cuando Hacienda atribuye en la declaración de la Renta los ingresos derivados de premios a una persona que no los ha obtenido.

Una vez que la norma entre en vigor, los usuarios dispondrán de un plazo de seis meses para registrar sus métodos de pago. Durante ese periodo podrán seguir jugando, pero no podrán retirar premios hasta completar la identificación. Si pasado ese tiempo no cumplen con la obligación, las empresas deberán resolver el contrato y devolver saldos y premios no cobrados. Además, la Administración podrá investigar posibles delitos de fraude.

Estas modificaciones se han incorporado a la ley que regula los servicios de atención a la clientela, aprobada por el Congreso el pasado 13 de noviembre y actualmente en tramitación en el Senado. Parte de estos cambios se han impulsado tras la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de abril de 2024, que anuló varios artículos del Real Decreto de 2020 sobre publicidad del juego por falta de cobertura legal. Ahora, el Ejecutivo integra las medidas directamente en una ley para reforzar su validez jurídica.

Control del juego: nuevas obligaciones para operadores

En materia de control, la ley exige que las cuentas bancarias donde los jugadores ingresen saldos y reciban premios estén ubicadas en España. También se creará el Registro de Proveedores de Juego, obligatorio para todas las compañías que quieran operar en territorio español. Los softwares y sistemas utilizados por estas empresas solo serán homologados si están inscritos en dicho registro.

Las compañías que operen sin licencia cometarán una infracción grave y podrán enfrentarse a multas de entre 100.000 euros y 1 millón de euros, además de la suspensión de actividad hasta seis meses. El sector contará con seis meses para adaptarse a la nueva regulación.

Publicidad: restricciones más severas

La ley prevé un nuevo reglamento para fijar límites y prohibiciones en la publicidad del juego. El Ejecutivo busca prohibir promociones enviadas sin autorización previa y limitar las comunicaciones comerciales solo a usuarios con cuenta activa durante al menos 30 días y correctamente verificados.

También se contempla la prohibición de que famosos o influencers promocionen apuestas o juegos de azar, así como la restricción de anuncios en plataformas como YouTube o Twitch y en redes sociales que no garanticen mecanismos de protección para menores.

Asimismo, se limitarán patrocinios y carteles en espectáculos deportivos que puedan ser objeto de apuestas o loterías.