El texto se originó en el PLP 128/2025, de autoría del diputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE), y fue aprobado por el Senado el 17 de diciembre, bajo la relatoría del senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder del gobierno en el Congreso.

Recorte de beneficios fiscales

Uno de los principales puntos de la nueva ley es la reducción del 10% en los beneficios fiscales federales. En la práctica, las empresas que actualmente pagan menos impuestos debido a incentivos enfrentarán una mayor carga tributaria.

La reducción alcanza tributos como PIS/Pasep, Cofins, Impuesto a la Renta de las empresas, CSLL, IPI, Impuesto de Importación y la contribución patronal a la seguridad social. El recorte se aplica de distintas formas, como la disminución de créditos fiscales, el aumento de alícuotas reducidas o la ampliación de la base imponible.

En el régimen de renta presunta, por ejemplo, el aumento de la tributación solo se aplica a la porción de los ingresos anuales que supere los R$ 5 millones.

La ley mantiene excepciones relevantes, como las inmunidades previstas en la Constitución, los beneficios de la Zona Franca de Manaos, los productos de la canasta básica, el régimen del Simples Nacional, programas sociales como Minha Casa, Minha Vida y Prouni, además de incentivos vinculados a políticas industriales estratégicas y beneficios con plazos ya cumplidos.

Reglas más estrictas para nuevos incentivos

La legislación también endurece los criterios para la creación o prórroga de beneficios fiscales. A partir de ahora, las propuestas deberán identificar a los beneficiarios, establecer el plazo de vigencia del incentivo, detallar los resultados esperados y definir mecanismos de monitoreo y evaluación.

El objetivo es aumentar la transparencia y evitar la concesión de beneficios sin control ni comprobación de resultados.

Límite a las renuncias fiscales

Otro punto central de la ley es la creación de un tope para el volumen total de beneficios fiscales. Si las renuncias superan el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), el gobierno quedará impedido de crear, ampliar o prorrogar nuevos incentivos.

Este bloqueo solo podrá levantarse mediante medidas de compensación que neutralicen el impacto fiscal y preserven el equilibrio de las cuentas públicas.

Apuestas, fintechs e intereses a socios

En el sector de juegos y apuestas, la ley prevé un aumento gradual de la tributación sobre las casas de apuestas deportivas en línea. Parte de la recaudación se destinará a la seguridad social y a acciones de salud pública. El texto también establece sanciones para quienes promuevan apuestas no autorizadas o permitan transacciones con empresas irregulares.

En el sector financiero, la contribución social pagada por fintechs y empresas de capitalización se incrementará progresivamente hasta alcanzar el 20% en 2028.

Los intereses sobre el capital propio (JCP), utilizados por las empresas como forma de remuneración a los socios, pasarán a tributar con una alícuota del 17,5% de Impuesto a la Renta en la fuente.

Vetos presidenciales

Al sancionar la ley, el presidente Lula vetó los dispositivos que permitían la revalidación de pagos pendientes cancelados entre 2019 y 2023, incluidas enmiendas parlamentarias. Según el mensaje enviado al Congreso (VET 49/2025), la medida podría generar inseguridad jurídica, ya que existe una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que suspende efectos similares.

También fue vetado el tramo que extendía automáticamente las nuevas exigencias de la ley a beneficios financieros y crediticios, bajo el argumento de que podría dificultar la ejecución de políticas públicas financiadas por estos instrumentos.

Los vetos aún deberán ser analizados en sesión conjunta del Congreso Nacional.

Cuándo entran en vigor las nuevas reglas

La mayoría de los cambios entrará en vigor el 1.º de enero de 2026. Las medidas relacionadas con la reducción de beneficios fiscales y el aumento de tributos sujetos a plazos legales de adaptación comenzarán a regir algunos meses después de la publicación de la ley.