Lorena Rojas, presidenta de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), denunció que las tragamonedas abundan en las calles, en abierta violación de las disposiciones de la Ley N° 6903/2022, que establece medidas de protección a infantes y adolescentes de la influencia de tragamonedas, cuya finalidad es disminuir las posibilidades del desarrollo de la ludopatía. Indicó que esta situación se debe a la falta de voluntad de las autoridades municipales, principalmente.

“La ley no es letra muerta. En realidad lo que existe son autoridades complacientes y operadores privilegiados, pues en Encarnación no hay máquinas en calle y en Limpio se actualizó su normativa pero esto no es así en la gran mayoría de los municipios del país”, criticó.

La normativa, reglamentada por el Decreto N° 938/2023, estipula explícitamente que las máquinas pueden funcionar únicamente en salas de juegos de azar autorizadas por los municipios y que cuenten con el Registro de Operador de Juego de Azar emitido por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Asimismo, obliga a las municipalidades a que notifiquen la cantidad de salas que habilitaron.

Además, el citado decreto establece que esas salas autorizadas deberán contar y mantener durante todo el tiempo de explotación del local de juegos electrónicos un sistema de monitoreo y control en línea de las mismas, que opere en dicho local y a cuyo sistema tendrá acceso Conajzar. El objetivo este sistema es controlar el flujo de dinero en circulación.

Para Rojas, las autoridades son cómplices pues impiden un control del dinero que circula en las máquinas, y de esta manera, también permiten una forma de evadir impuestos, pues ahora, con la vigencia de la ley, están obligados a cumplir las normas para el control del lavado de dinero. “Estamos recopilando informes y vamos a presentar denuncias serias y responsables”, adelantó.

8 de febrero, tope de adaptación para municipios

Por su parte, el titular de Conajzar, Carlos Liseras, afirmó que los 263 municios tienen plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del mencionado decreto, el 27 de diciembre pasado, para que los 263 municipios del país se adapten a las disposiciones. El plazo se cumple este 8 de febrero, dijo.

Teniendo en cuenta que ese período fenece en un par de días, comentó que sólo Fernando de la Mora actualizó su ordenanza para unificar con las disposiciones del decreto y Naranjal notificó a Conajzar la cantidad de salas que había habilitado a la fecha. Son las únicas notificaciones que recibió, comentó.

Liseras mencionó que a fines del año pasado, notificó a los 263 municipios del país sobre la vigencia de la ley de tragamonedas y las obligaciones establecidas en su decreto reglamentario. Posterior al plazo establecido para su adaptación, se realizarán “masivas fiscalizaciones” a fin de velar el cumplimiento de la normativa, dijo.

Para concretar los controles, indicó que se encuentra articulando acciones con la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).