Un bingo organizado en un centro de mayores de Santutxu, en Bilbao, ha reabierto el debate sobre la regulación del juego en el País Vasco. La actividad, celebrada en febrero con cartones de apenas 20 céntimos de euro, terminó con la intervención de la Ertzaintza, que recordó que la organización de juegos de azar con dinero requiere autorización administrativa, según la ley vigente desde 1991. Además, advirtieron sobre posibles sanciones que pueden alcanzar los 60.000 euros.

El caso ha tenido rápida repercusión política. El Partido Popular ha registrado en el Parlamento Vasco una propuesta de reforma de la normativa con el objetivo de aclarar y ampliar las excepciones existentes. La iniciativa plantea excluir de las prohibiciones los bingos organizados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro dentro de ámbitos sociales, sanitarios, sociosanitarios y de ocio, siempre que no exista ánimo de lucro ni explotación económica.

La parlamentaria Ainhoa Domaica defiende que estas actividades cumplen una función social clave, especialmente en centros de mayores, donde fomentan la convivencia, la participación y el envejecimiento activo. Según argumenta, este tipo de juegos tradicionales contribuyen a reducir el aislamiento, mejorar el bienestar emocional y estimular cognitivamente a las personas mayores.

Asimismo, la propuesta subraya que la experiencia acumulada en la aplicación de la ley ha generado incertidumbre y diferentes interpretaciones, especialmente en casos donde existen aportaciones económicas simbólicas. En este sentido, la reforma busca evitar sanciones en actividades recreativas sin fines lucrativos, estableciendo un marco más claro que distinga entre el juego comercial y el de carácter social.