La ley pone énfasis en que los juegos tragamonedas operan fuera de los casinos o locales de juegos autorizados y se pretende evitar que los menores sufran posibles daños que afecten su salud física y mental.
Respecto a la autoridad de aplicación, se remarca que de acuerdo a lo que establece esta ley serán las municipalidades en coordinación con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
“Las concesiones y permisos para la explotación de juegos electrónicos de azar serán otorgados por las municipalidades”, se estipula.
Se agrega que se tendrá en cuenta la mejor oferta presentada y que se ajuste a las normas dictadas por la autoridad competente, entre las que se incluirá las facultades de incrementar el canon.
Respecto a las sanciones, se indica que cada municipio impondrá multas, y por cada máquina será de un salario mínimo legal vigente. En caso de reincidencia se multiplica.