El proyecto impulsado por varios gobernadores podría poner en jaque el predominio de Norman Harrison en el negocio de la quiniela. Aunque la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) aún no ha divulgado el pliego de bases y condiciones para la licitación de las tres licencias disponibles, ya se perfila una intensa disputa por este lucrativo mercado.

Actualmente, la empresa Technologies Development of Paraguay (TDP), vinculada a Juan Carlos Wasmosy, conserva el monopolio del juego. Sin embargo, con la nueva ley promulgada en enero, se abrirán tres cupos para operar la quiniela a partir del próximo año. Se da por hecho que dos de esas licencias estarían destinadas a TDP, por su trayectoria, y a Gambling SA, de Gustavo Saba, quien contaría con el respaldo del presidente Santiago Peña, a quien habría prestado favores políticos.

La tercera licencia es la más disputada. Norman Harrison aparece como uno de los principales aspirantes, pero su posición se ve amenazada por la movida de los gobernadores de Guairá, Alto Paraná y otras regiones, quienes ya se reunieron con Peña para proponer una adjudicación que beneficie directamente a sus administraciones. Incluso algunos diputados estarían apoyando esta iniciativa. La propuesta apunta a que Harrison se vea forzado a unirse en consorcio con Saba, renunciando así a una postulación independiente.

Para debilitar la candidatura de Harrison, ha comenzado a instalarse la idea de que, si gana, el principal beneficiado será su hermano Robert Harrison, actual presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Además, se especula que Norman utilizaría la quiniela como plataforma para luego ingresar al rubro de las apuestas deportivas, considerando que hace cinco meses adquirió el 50% del casino online Solbet.

Harrison es un empresario de peso que, en los últimos años, ha expandido su influencia en los medios de comunicación, con adquisiciones como el diario Primero de Marzo, Canal Pro y la creación de La Megacadena. Por su parte, los gobernadores habrían solicitado las licencias con la intención de canalizar recursos hacia sus estructuras políticas.

Un dato relevante es que César “Landy” Torres, gobernador de Alto Paraná, forma parte del consejo de Conajzar, lo que podría representar un conflicto de interés si finalmente se concreta su participación en la licitación. Mientras tanto, la licencia actual de TDP vence en diciembre, y hasta el momento, no se ha difundido ningún detalle sobre las condiciones del nuevo llamado por parte de Conajzar.