La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) oficializó el 8 de abril de 2026 la entrada en vigencia de una nueva regulación que refuerza los controles sobre casinos, tragamonedas y, por primera vez, plataformas de apuestas deportivas y juegos online en todo el país.

La medida, establecida mediante la Resolución SBS Nº 01015-2026 y firmada por el superintendente Sergio Espinosa Chiroque, busca fortalecer la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en un sector en plena expansión.

Mayor alcance: incluye apuestas online
La normativa aplica a todas las empresas autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), incorporando no solo casinos físicos y salas de tragamonedas, sino también plataformas de juego a distancia y apuestas deportivas online, que ahora deberán cumplir los mismos estándares regulatorios.

La supervisión y eventual sanción quedará a cargo de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del MINCETUR.

Implementación obligatoria del sistema PLAFT
Uno de los ejes centrales de la regulación es la exigencia de implementar un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), adaptado a los riesgos específicos de cada operación.

Además, las empresas deberán capacitar de forma obligatoria y periódica a sus trabajadores y directivos en la detección de operaciones sospechosas, manteniendo registros actualizados de su personal.

Fin del anonimato en las apuestas
La norma establece estrictas políticas de debida diligencia para identificar a clientes, beneficiarios finales, proveedores y directores. Esto incluye procesos de verificación, monitoreo continuo y controles reforzados para perfiles de mayor riesgo, como personas expuestas políticamente.

Asimismo, los operadores deberán llevar un Registro de Operaciones (RO) que documente todas las transacciones relevantes, especialmente aquellas superiores a 2.500 dólares, incluyendo pagos de premios y movimientos de fichas.

Estos registros deberán conservarse durante al menos cinco años y estar disponibles para la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y el ente supervisor.

Reporte inmediato de operaciones sospechosas
La comunicación de operaciones sospechosas será obligatoria y deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas desde su detección, utilizando plataformas tecnológicas como el sistema ROSEL.

El incumplimiento de esta obligación será considerado una infracción muy grave dentro del nuevo esquema sancionador.

Multas más severas y nuevas obligaciones
La regulación introduce un régimen de sanciones más estricto, con multas que pueden alcanzar hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a más de S/44.000 en 2026.

Entre las infracciones más graves figuran la falta de reporte de operaciones sospechosas, la omisión en la revisión de listas internacionales —como las del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas— y el incumplimiento de órdenes de congelamiento de fondos.

Además, las empresas deberán contar con manuales internos de prevención, códigos de conducta y someterse a auditorías internas y externas obligatorias.

Nuevos estándares para grupos empresariales
La norma también alcanza a grupos económicos, que deberán implementar políticas corporativas de prevención, mecanismos de intercambio de información y designar oficiales de cumplimiento a nivel corporativo, previa aprobación de las autoridades.

Con esta actualización, Perú da un paso clave hacia un mayor control del ecosistema de juego, alineando su regulación con estándares internacionales y reforzando la supervisión en un mercado cada vez más digitalizado.