A pesar de la reciente orden de la Corte Suprema de bloquear 12 plataformas de apuestas deportivas irregulares, los sitios reaparecieron casi de inmediato bajo nuevos nombres, dejando al descubierto las brechas del sistema chileno para fiscalizar el juego ilegal. Mientras tanto, otros países de la región han adoptado medidas más profundas para combatir el mismo problema, desde bloquear medios de pago hasta sancionar a quienes promocionan estas actividades.

A finales de septiembre, el máximo tribunal acogió un recurso de protección y ordenó el bloqueo de una docena de sitios web de apuestas, ampliamente reconocidos por su presencia en partidos de fútbol televisados, publicidad radial y digital, y campañas con influencers. Sin embargo, aunque las telecomunicaciones —Claro, Entel, GTD Manquehue, Telefónica Chile, WOM y VTR— ejecutaron los bloqueos, su efecto duró poco.

La situación encendió alertas sobre la efectividad real del fallo y la falta de políticas públicas integrales para frenar el avance de las apuestas ilegales, que pese a su prohibición continúan publicitándose y operando sin restricciones visibles.

En conversación con Radio Bío Bío, Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, advirtió que el bloqueo, aunque relevante, no basta: “Respetamos el fallo de la Corte Suprema porque confirma algo que venimos advirtiendo hace años: hoy el juego online carece de un marco legal. El bloqueo técnico es una herramienta puntual, pero no sustituye una política pública integral. Se necesita una ley que tipifique el juego ilegal, permita perseguirlo efectivamente y establezca quiénes pueden operar y bajo qué condiciones”.

Experiencia internacional: medidas más estrictas en Latinoamérica

Mientras Chile avanza lentamente en la regulación del juego online, varios países de la región ya han implementado estrategias más sólidas para enfrentar la proliferación de plataformas ilegales.

En Argentina, donde se han detectado casos de apuestas clandestinas incluso en escuelas, el gobierno firmó acuerdos con empresas como META y Mercado Libre para eliminar contenido que promueva el juego ilegal. La medida permitió borrar no solo sitios web, sino también más de 700 perfiles y publicidades en redes sociales.
Además, la Cámara de Diputados aprobó restricciones a la publicidad de apuestas en eventos deportivos, limitando el financiamiento que reciben los clubes por patrocinios.

En Colombia y Uruguay, los reguladores reciben diariamente una lista actualizada de sitios ilegales y deben verificar si han reaparecido bajo nuevos dominios para bloquearlos nuevamente. Este sistema funciona de forma similar al monitoreo de contenidos de pornografía infantil, lo que permite actuar con mayor rapidez.

Además, los reguladores informan al Banco Central colombiano, que bloquea los medios de pago asociados a estas plataformas, dificultando su operación y reduciendo su capacidad de resurgir.