Polémica en México: Sheinbaum se enfrenta a juez y Segob impugna reapertura de casinos de Ricardo Salinas Pliego

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este martes 2 de diciembre sobre la resolución de un juez federal que ordenó levantar el bloqueo a sitios operados por Ganador Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que “es muy importante” el papel del "Tribunal de Justicia Administrativa” y destacó la función del Tribunal de Disciplina Judicial en sancionar irregularidades donde se presuma corrupción o tráfico de influencias. “No se trata de sancionar a todos los jueces”, aclaró la mandataria, pero insistió en que las autoridades judiciales deben rendir cuentas sobre su trabajo.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que presentará un recurso legal para impugnar la decisión judicial que permite la reapertura de los casinos vinculados con Salinas Pliego. La medida busca revertir la suspensión concedida por el juez, tras bloqueos previos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a presuntas operaciones con recursos ilícitos.

Actualmente, las investigaciones de la UIF y de la Secretaría de Hacienda analizan las actividades de 13 casinos, incluidos varios de Salinas Pliego, por posibles vínculos con lavado de dinero. La decisión judicial de permitir la reapertura ha generado tensiones entre el gobierno y el Poder Judicial, reflejando un conflicto sobre la aplicación de la ley y el control financiero en el sector de los casinos.

Expertos en la materia señalan que este caso evidencia la disputa entre poderes en el marco de la lucha contra actividades financieras ilícitas. Una audiencia pendiente definirá si las suspensiones se vuelven definitivas en los próximos meses, mientras el gobierno insiste en que la ley debe prevalecer para garantizar la legalidad y la transparencia en este rubro.

La resolución y la impugnación muestran la complejidad de equilibrar derechos económicos con la necesidad de combatir delitos financieros en un sector de alta sensibilidad social y económica en México.