Entre las interrogantes, que no han sido enviadas formalmente a la Corte Constitucional para su análisis, están reformar la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras, reducir el número de asambleístas y llevar a juicio político a jueces constitucionales.

"Estas 7 preguntas les dan el poder a los ciudadanos de escoger, de una vez por todas, si queremos, como nación, enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo", escribió el presidente en X al anunciar los temas.

Séptima pregunta de la consulta popular 

La séptima pregunta, propuesta por Noboa, incluye consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo con autorizar los casinos en el país. La propuesta, que podría variar luego del filtro de la Corte e incluso no estar entre las preguntas finales, dice lo siguiente:

¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del veinte y cinco por ciento (25 %) de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley?

Esta no es la primera vez que el gobierno de Noboa intenta autorizar los casinos y salas de juego en Ecuador. 

Noboa ya incluyó una interrogante similar en su primer propuesta de consulta popular en enero de 2024, dos meses después de llegar al poder. Y luego, fue el propio presidente quien quitó la pregunta del listado, por considerarlo inoportuno, dado el contexto del crimen organizado y el lavado de activos.

Antes y ahora 
En enero de 2024, cuando Noboa propuso por primera vez reabrir los casinos y casas de apuestas, lo hizo con el argumento que en 2011, tras el cierre de estas empresas, se generó la pérdida de 250.000 plazas de empleo. En el anexo de aquella pregunta se indicaba que, de aprobar los ciudadanos la consulta, se establecería una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental y de la seguridad ciudadana. 

Pero la pregunta nunca vio la luz y nunca fue consultada en el proceso electoral de abril de 2024, puesto que en respuesta a la Corte, Noboa indicó lo siguiente: 

"En función del contexto actual que vive el Ecuador, me permito no insistir en mi petición original, exclusivamente de la pregunta 11, por considerar que el debate ciudadano relacionado con esta temática no es oportuno en estos momentos", dijo el mandatario.

Y ahora, más de un año después de aquel intento, el gobierno pone sobre la mesa nuevamente el funcionamiento de los casinos, aunque con diferencias a la pregunta anterior.

En esta ocasión, la nueva propuesta es preguntar a los ciudadanos si los casinos o salas de juegos pueden funcionar solo en hoteles de lujo, y se sostiene que el 25% de las ventas de estos negocios se destinarán a programas sociales como luchar contra la desnutrición crónica. 

Casinos, una vieja aspiración 
Los casinos en Ecuador fueron prohibidos, también mediante consulta popular, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, y desde entonces, gremios turísticos han intentado revivir estos negocios. 

Era 2012 cuando las máquinas tragamonedas y mesas de blackjack quedaron vacías en Ecuador, tras ser prohibidos por un referendo, en medio de la nostalgia de empleados y apostadores.

Los casinos que funcionaban legalmente en Ecuador empleaban a unas 3.200 personas, señalaron reportes periodísticos de la época. 

Para justificar su pregunta en la consulta, Correa dijo que las apuestas deterioran moralmente a la sociedad, generan deudas ilegales, evaden impuestos y son usadas para lavar dinero, lo que fue rechazado por los empresarios, que habían pedido una prórroga y migrar a otros negocios.

Luego en 2020, el entonces presidente Lenín Moreno firmó un decreto con el que regulaba los juegos de azar, pero sin fines de lucro, y siempre que tengan una finalidad social. 

Un año después, en 2021, durante la presidencia de Guillermo Lasso se reformó dicho decreto con una transitoria única, que pedía al Ministerio de Turismo que emita un acuerdo interministerial, para habilitar y regular los juegos de azar sin fines de lucro.