La bancada del PT en la Cámara, aliada con diputados de izquierda de otros partidos, presentó un proyecto de ley para prohibir las apuestas en Brasil. El PL nº 1.808/2026 no solo elimina las apuestas de cuota fija, sino que también establece una multa administrativa para quienes exploten las bets, que puede llegar hasta los dos mil millones de reales. El proyecto también crea una lista de delitos relacionados con las apuestas de cuota fija.

A pesar de las legislaciones y normativas creadas durante la gestión petista para organizar la legalidad de las apuestas, las medidas no fueron suficientes para contener los efectos colaterales de esta actividad económica, como el endeudamiento de las familias y la adicción a las apuestas, que aún no cuenta, en la red de salud, con una estructura adecuada de atención.

“La experiencia concreta del país mostró que las bets dejaron de presentarse como un simple entretenimiento digital para convertirse en un mecanismo permanente de captura de la renta popular, intensificación del endeudamiento de las familias, deterioro psíquico y desorganización del presupuesto doméstico. El problema ya superó la esfera individual del apostador y pasó a incidir sobre el consumo de las familias, la actividad del comercio minorista, la estabilidad financiera de los hogares y la propia capacidad del Estado de proteger a los grupos vulnerables”, dice la justificación del proyecto de ley.

Está firmado por el líder del PT en la Cámara, diputado federal Pedro Uczai (SC), y por otros 67 parlamentarios. La mayoría son petistas, pero también hay firmantes del PSOL y de la Rede.

El proyecto de ley sugiere la creación de cuatro tipos diferentes de delitos para quienes exploten apuestas de cuota fija, cuya pena máxima puede llegar a ocho años —suficiente ya para llevar a un eventual condenado al régimen cerrado. La propuesta, si se aprueba, establece que todas las casas de apuestas tendrán sus licencias revocadas y deberán cesar sus actividades en un plazo máximo de treinta días.

Las propagandas de casas de apuestas, que financian principalmente el sector deportivo, también podrían quedar prohibidas. Quien infrinja cualquiera de las reglas previstas en el proyecto de ley, además de los delitos, quedaría sujeto a una multa administrativa que comienza en 50 mil reales y puede llegar hasta los dos mil millones.

El proyecto de ley fue protocolizado en el sistema de la Cámara el pasado día 14 y, hasta este lunes 20, aguarda despacho de la Mesa Directiva de la Casa para tener sus primeros trámites.